Fuente: proceso.com.mx

MONTERREY, NL (apro).- El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, anunció hoy el embargo precautorio de propiedades del exmandatario priista Rodrigo Medina, a quien se le encontró como uno de los responsables de una red de ilícitos contra el erario, con un daño patrimonial por 3 mil 600 millones de pesos.

Aunque no fueron mencionados por su nombre en la investigación, una fuente cercana al caso señaló que también son procesados, por actos de corrupción cuando eran funcionarios en la pasada administración, los alcaldes priistas en funciones Heriberto Treviño, de Benito Juárez, y Miguel Ángel Lozano, de Pesquería.

En la misma situación se encuentran los legisladores federales Federico Vargas y Ramón Villagómez, del PRI.

En breve, el gobierno estatal promoverá un juicio político contra ellos para desaforarlos y proceder en su contra.

También destacó que hay un procedimiento, por denuncia que presentó el actual alcalde de Monterrey, el priista Adrián de la Garza, en contra de la exalcaldesa panista Margarita Arellanes Cervantes por la ilegal contratación de un seguro contra acciones legales.

En total, en esta macro investigación denominada Operación Tornado, anticipada por El Bronco desde que anduvo en campaña, son objeto de investigación el exgobernador, dos diputados federales, dos alcaldes en funciones, cinco exservidores públicos, 10 empresarios constructores e inmobiliarios, dos funcionarios bancarios, así como familiares y socios de los servidores públicos y de los hombres de negocios.

Todos ellos son acusados de peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, equiparable al ejercicio indebido de funciones, ejercicio indebido de funciones y coalición.

En rueda de prensa efectuada hoy por el fiscal anticorrupción Ernesto Canales Santos, se precisó que el gobierno de la entidad decidió solicitar al juez la orden del embargo precautorio, que le fue otorgada hoy mismo, debido a que detectaron que Medina de la Cruz, quien gobernó el estado entre 2009 y 2015, había comenzado a inscribir sus propiedades a nombre de familiares cercanos.

Incluso, la autoridad estatal ya tiene detectadas dónde están algunas de las propiedades del exmandatario y lo tiene físicamente ubicado. Sin embargo, no se dijo a cuánto asciende la cantidad a la que él, en lo particular, debe reponer por los ilícitos señalados.

El funcionario explicó que dentro de los dos meses siguientes deberá turnar el expediente al juez para comprobar los ilícitos y conseguir que los presuntos responsables sean vinculados a proceso, aunque acotó que se puede pedir prisión precautoria en contra de Medina y sus anteriores colaboradores.

Entre los ilícitos encontrados por la Contraloría estatal y turnados a la Subprocuraduría de Canales se encuentra, en especial, la asignación de terrenos y los incentivos desmesurados que dio la gestión pasada a la empresa armadora de autos coreana KIA, reveló Aldo Fasci, asesor del fiscal y encargado de presentar el entramado para cometer los fraudes al erario.

Además, se detectó el caso de un constructor, quien hizo obra con sobrecosto para el Sistema Estatal de Caminos, que prestó su avión particular en 32 ocasiones a la familia del exgobernador Medina, con el fin de que viajara en forma gratuita a Estados Unidos, según tiene documentada la fiscalía, explicó el asesor.

Nora Elia Cantú, encargada de la Contraloría estatal, informó que hasta ahora han sido integrados 117 expedientes con las investigaciones que iniciaron desde la época de transición, es decir, poco antes de que El Bronco asumiera la gubernatura el 4 de octubre pasado.

De ese total, son objeto de indagación 42 expedientes. En 28 se han emprendido procedimientos de responsabilidad administrativa, y en 47 se detectó responsabilidad en delitos penales, por lo que se han presentado las respectivas denuncias a la Subprocuraduría Anticorrupción.

También explicó que en el sexenio 2010-2015 hubo obra pública por 40 mil millones de pesos, la que ha sido auditada en 60%. Los investigadores del actual gobierno encontraron, principalmente, irregularidades financieras por falta total o parcial de comprobantes de pago; facturas duplicadas y que no corresponden a las estimaciones; pagos adicionales sin soporte y anticipos por obras no realizadas.

Tan sólo en este rubro, detalló, han sido encontrados desvíos por 2 mil 300 millones de pesos.

La funcionaria aclaró que han sido encontrados delitos en las siguientes dependencias: Secretaría del Trabajo, de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, Finanzas y Tesorería, Seguridad Pública, Educación, Servicios de Salud, Sistema de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje, Metrorrey y Secretaría General de Gobierno.

Sin dar nombres, también mencionó que se buscan recuperar recursos para el erario de parte de constructoras, al menos 28.7 millones de pesos, por adelantos no amortizados, pagos duplicados o en exceso, o escalatorias mal aplicadas.

La presunción es que las arcas estatales fueron afectadas, por estos conceptos, en unos 300 millones de pesos.

Así, sólo por haber entregado irregularmente incentivos a la empresa Siderúrgica de Linares, fueron emprendidos 10 procedimientos de responsabilidad administrativa. Al finalizar éstos, la Contraloría resolvió inhabilitar por 10 años en la función pública y aplicarles embargos precautorios a Rodolfo Gómez Acosta, exsecretario de Finanzas; Juan Francisco Livas Cantú, exdirector general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del estado; Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico; Luis Gerardo Marroquín Salazar, exsecretario de Obras Públicas, y Ramón Villagómez Guerrero, exdirector general de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.

A los implicados se les impuso, además, sanción resarcitoria, en forma solidaria, por dos mil 10 millones de pesos.

No es todo, pues por autorización de pago de una obra no realizada y saldada en su totalidad sin estar terminada completamente, se inició procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Víctor Ramón Martínez Trujillo, exdirector del Sistema de Caminos de Nuevo León. También se le inhabilitó por 10 años y se le demandó reponer al erario 12 millones 900 mil pesos.

Más aún, existen procedimientos de embargo contra los funcionarios de la pasada administración, entre ellos Celina Villarreal Cárdenas, exsubsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional; Jaime Parada Ávila, exdirector del Instituto de Innovación y Tecnología; Fernando Gutiérrez Moreno, exsecretario de Desarrollo Sustentable; Patricia Aguirre González, exdirectora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, y Sergio Alanís Marroquín, exdirector ejecutivo de Fomerrey.
En la administración pasada, Heriberto Treviño fue director del Sistema Estatal de Caminos; Miguel Lozano, director de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (Codefront), y Federico Vargas, secretario de Desarrollo Social.

En el transcurso de los próximos días se dictarán cinco resoluciones faltantes, explicó Canales.

Fasci Zuazua resaltó que aún hay peritajes e investigaciones en curso, por lo que puede incrementarse el daño patrimonial y el número de funcionarios involucrados en el “megasaqueo”.