“Hay que ser responsable en el manejo informativo de la Cuenta Pública”: Lina Acosta Cid


Lina Acosta Cid, diputada local del PAN.

La legisladora local del PAN y Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF, pide no manipular las cifras de la revisión de las cuentas públicas del Estado y los 72 municipios.

 

Hermosillo, Sonora. 1 de septiembre de 2016.- Un llamado respetuoso a conducirse con responsabilidad en el manejo informativo del análisis que se realiza en el marco de la revisión de la Cuenta Pública del Estado de Sonora y evitar la manipulación de cifras que puedan confundir a la opinión pública, hizo la diputada Lina Acosta Cid, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Indicó que la información vertida en el sentido de que existe un daño patrimonial histórico en la cuenta pública del Estado de Sonora por el orden de 17 mil millones de pesos no es correcto, dado que de acuerdo al análisis del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, son observaciones que se encuentran en revisión y muchas de ellas no corresponden al Estado y de ninguna manera están tipificadas como daño patrimonial.

“Este calificativo de daño patrimonial me parece una manipulación de la información porque al final de cuentas nosotros sabemos que todos los servidores públicos tenemos los tiempos que marca la ley para poder llevar a cabo esta solventación y pues ejemplos muy claros tenemos con muchas de las observaciones que existen a nivel municipal y a nivel estatal que están siendo resueltas. Tenemos nosotros un plazo hasta el 15 de octubre para nosotros dar un dictamen y le apostamos a que la información responsable es lo que quieren los ciudadanos”, enfatizó.

Recordó que en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora en su Artículo 2, establece que el Daño Patrimonial: El quebranto, menoscabo, daño o perjuicio que se cause a la hacienda pública o al patrimonio de los sujetos de fiscalización, cuantificable en dinero, generado por una conducta activa u omisa en la que se sustraen de manera directa o indirecta recursos económicos públicos asignados para determinado fin, dándole diverso aprovechamiento equivocado o indebido distinto para el que fue aprobado, por parte de servidores públicos o terceros ajenos a la función pública; La legisladora del blanquiazul explicó que de acuerdo a la información dada a conocer hay observaciones del 2010 al 2014 por el orden de los 17.1 mil millones, de los cuáles le corresponden al Estado 12.4 mil millones y 4.7 mil millones a los municipios (73% y 27%, respectivamente).

Indicó que en la cuenta pública 2015, de las 768 observaciones al Poder Ejecutivo presentadas por el ISAF, están parcialmente solventadas 542; 180 han sido turnadas a la Contraloría estatal y de procedimiento administrativo, penal o mercantil hay 46, lo cual demuestra que es importante manejar la información de manera responsable y evitar difundir números de manera dolosa.

 

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