Padrés prolonga lo irremediable, su detención


El Mentidero

Septiembre 23, 2016

+ Padrés prolonga lo irremediable, su detención

Por Cornelio Montaño C.

El ex gobernador Guillermo Padrés Elías y varios de sus ex funcionarios, no parecen tener salida y al tramitar tanto recurso de amparo sólo prolongan lo irremediable, su detención y el consiguiente juicio en los tribunales.

Las auditorías practicadas, las inhabilitaciones decretadas por Contraloría, el arresto de algunos connotados padrecistas y los cateos a propiedades, son indicativos de que la acción de la justicia sigue su marcha, lenta pero avanzando.

Ayer, durante la sesión del Congreso del Estado, la revisión de la cuenta pública 2015 fue motivo de un enfrentamiento entre diputados del PAN y del PRI en el pleno, y otro zafarrancho en las butacas del público entre militantes de uno y otro partido que acudieron con pancartas a presenciar la sesión legislativa.

Mientras los diputados del PAN demandaban manejo responsable del análisis de los resultados de la cuenta pública 2015 y negaban que existiera daño patrimonial al Estado, los legisladores del PRI recriminaron que lo dejado por Padrés y sus colaboradores fue un legado de corrupción, malversación de recursos y el enriquecimiento ilícito de muchos de ellos.

De la discusión que se tuvo dentro y fuera del pleno se desprende que tan sólo el año pasado la administración de Guillermo Padrés generó un daño patrimonial por más de 2 mil millones de pesos.

Independientemente de lo que dicen los resultados de las revisiones que hizo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a las cuentas públicas 2015, tanto del gobierno estatal como a las cuentas de los 72 ayuntamientos, en los que también hay claras evidencias de corrupción, por otro lado están las revelaciones de indagatorias realizadas por la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado que encabeza Miguel Ángel Murillo Aispuro.

El Contralor reveló que han sido sancionados con inhabilitación para desempeñar cargo público un total de 50 ex funcionarios estatales y afirmó que su oficina ha detectado desvío de recursos estatales y federales que arrojan un posible daño patrimonial al Estado por más de 30 mil millones de pesos en los seis años de administración panista.

“Tenemos aproximadamente mil 600 expedientes en investigación; a lo mejor este día se sumaron más, pero en dos o tres meses pudiera subir hasta dos mil porque las secretarías y direcciones del Gobierno del Estado están integrando expedientes de investigación para aplicar la sanción que proceda desde el punto de vista administrativo o penal”, explicó Murillo.

También indicó que independientemente de las inhabilitaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia del Estado, podrían iniciar averiguaciones previas y deslindar responsabilidades por otros delitos.

Como pueden ver, la cosa está que arde. Guillermo Padrés y sus ex colaboradores duermen con los ojos abiertos pensando que en cualquier momento llega la policía por ellos para presentarlos ante la PGR o la Fiscalía Anticorrupción, para el beneplácito de la plaza sedienta de sangre.

Requiere NSJP revisar penalidades

Es indudable que se requieren reformas o ajustes en algunas de las leyes que conforman el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), para que éste facilite mejores resultados en la lucha contra la inseguridad.

El nuevo modelo de justicia no es en sí mismo el problema por el que no logran reducir la criminalidad en ciudades de Sonora y en muchas otras ciudades del país, lo que realmente se requiere es revisar las penalidades que corresponden a cada delito.

Hasta ahora el alcalde de Hermosillo, Maloro Acosta, no ha dicho exactamente el punto, qué parte es el problema, y al no ser preciso sataniza a todo el Nuevo Sistema de Justicia.

Lo que le molesta al munícipe, igual que a cientos de miles de hermosillenses, es que muchos malandrines dedicados al hurto en casas y comercios, son detenidos por la Policía Municipal y al rato andan sueltos otra vez.

En nuestro país, en más del 90% de los delitos reportados no detienen a nadie y esto se pone peor si de los detenidos el 90% quedan libres.

Pero esto ha sucedido también con el viejo sistema de justicia inquisitorio por la sencilla razón de que tales delitos no son considerados graves, las penas que les corresponden son blandas y los impartidores de justicia se tienen que sujetar estrictamente a lo que dice la ley.

Entonces, quizás lo que el Maloro tenga que proponer al Poder Ejecutivo y al Legislativo, son reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del Estado de Sonora para endurecer las penas y que no alcancen fianza los malandrines; pero más le vale ir construyendo más cárceles para contenerlos a todos, porque ya no caben en las que hay.

El combate a la inseguridad requiere principalmente de corporaciones policiacas sólidas, efectivas, que inhiban a los delincuentes, con el acompañamiento de reformas legales que consideren mayores penalidades para quienes delinquen.

Pero indudablemente también necesitamos un cambio de cultura con respecto al nuevo modelo de justicia penal y debemos acostumbrarnos a que si un imputado no fue agarrado en flagrancia, es un hecho que mientras no se le compruebe la culpabilidad, enfrentará en libertad el proceso y no en la cárcel.

Todos, hasta el Alcalde, tenemos que ponernos el chip de esta nueva forma de justicia en la que prevalece la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos de imputados y de víctimas, como en todo sistema democrático en el que prevalece el estado de derecho.

Por hoy hasta aquí la dejamos. Sean felices.

Hasta la próxima.

Contacto: corneliomontano@hotmail.com

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