La acusación señala que el exgobernador utilizó una empresa de papel creada en 2011 en Holanda, para realizar múltiples movimientos bancarios internacionales.

 

Fuente: Reforma

CIUDAD DE MÉXICO, a 30 de septiembre del 2016.- Un juez federal de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del exgobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, por defraudación fiscal y lavado de 8.8 millones de dólares.

De acuerdo con la información publicada hoy por el diario Reforma, el dinero, en parte, provendría de sobornos por los contratos que otorgó el político panista a un amigo personal para fabricar uniformes escolares.

Guillermo Urbina, juez decimosegundo de distrito en procesos penales federales, instruyó la captura de Padrés desde el fin de semana pasado, a solicitud de la PGR.

La acusación señala que el exgobernador utilizó una empresa de papel creada en 2011 en Holanda, denominada Dolphinius CV, para realizar múltiples movimientos bancarios internacionales.

La intención era ocultar el origen de recursos que nunca fueron reportados en declaraciones fiscales o patrimoniales.

De acuerdo con informes federales, de julio de 2011 a julio de 2014, el mandatario recibió más de 8 millones de dólares en una cuenta de Wells Fargo Advisors registrada a nombre de Dolphinius.

Para la PGR, una parte de este dinero provendría de depósitos realizados por Mario Humberto Aguirre Ibarra, empresario y amigo de Padrés, que ganó contratos del Gobierno de Sonora para fabricar uniformes escolares por más de mil 160 millones de pesos.

La investigación detectó que en mayo de 2015, el entonces gobernador transfirió 8 millones 830 dólares de BBVA Compass Bank a una cuenta de Banamex a nombre de su empresa Minera SWF.

Después, SWF usó los dólares para comprar 134 millones 229 mil pesos que, en los siguientes dos meses fueron dispersados en México a 43 personas físicas y morales.

PRI exige a Auditoría informe sobre anomalías de Padrés

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado exigió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe sobre los procedimientos administrativos y penales contra la pasada administración de Sonora por incumplir observaciones sobre el gasto público, las cuales ascienden a 6 mil 288 millones de pesos.

Los priistas aseguran que el exgobernador Guillermo Padrés debe responder por todas las irregularidades financieras registradas en su administración.

Por ejemplo, exponen, en 2014 se detectó en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos un probable daño o perjuicio al erario de Sonora por 41 millones 611 mil 871 pesos.

En el Fondo de Infraestructura Deportiva hay observaciones en 4 millones 333 mil 749, mientras que en el Programa Escuelas de Tiempo Completo se identificaron anomalías en 209 millones 085 mil 769.

En el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades se pide aclarar 40 millones 780 mil 963 pesos y en el Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud hay señalamientos en 29 millones 885 mil 589 pesos gastados.

Mientras que en el proyecto Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora no se sabe cómo gastaron 10 millones 134 mil 154 pesos.

Y en el Fondo de Aportaciones Múltiples, no se han justificado 169 millones 148 mil 328 pesos.

En la lista están otros fondos en educación, salud y vivienda.

Esto adquiere mayor urgencia, argumentan, por las acusaciones de actos de corrupción que pesan sobre el exgobernador panista.

“Todo ello es clara evidencia de que la corrupción fue un ‘modus operandi’ durante el Gobierno de Guillermo Padrés en Sonora, lo que no debe quedar en el olvido y la impunidad”, indica el punto de acuerdo que se canalizó a comisiones.

“Por ello, se solicita a la Auditoría informe sobre los procedimientos administrativos y penales iniciados por el incumplimiento de la solventación de las observaciones realizadas al Gobierno del Estado de Sonora durante el periodo 2011-2014, las cuales suman más de 6 mil 288 millones de pesos”.