El Mentidero

Septiembre 30, 2016

 

Padrés es más escurridizo que una mojarra enjabonada

Por Cornelio Montaño C.

Ni bien se anunciaba ayer temprano que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó orden de aprehensión contra el ex gobernador Guillermo Padrés, cuando de pronto nos salen conque “dijo mi mamá que siempre no” y una Juez Federal ordenó suspender cualquier orden de aprehensión que pudiera existir contra Guillermo Padrés, siempre y cuando no se trate de una acusación por delito grave o que amerite la prisión preventiva.

Así las cosas, el ex mandatario estatal sigue toreando no sólo a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, sino a la PGR, cuyas averiguaciones e intentos por detenerlo le siguen haciendo lo que el viento a Juárez, mientras sonorenses que esperan justicia se siguen retorciendo de coraje.

Por lo que se ve, la única manera de poder echarle el guante a Padrés y cumplir el sueño y deseos de muchos de verlo fichado y fotografiado tras las rejas, es encontrarle alguna dosis de droga o la posesión de un arma de fuego, porque apenas así se ha logrado detener a otros ex funcionarios, según denunció el grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, porque los delitos de corrupción, uso indebido de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros que les imputan, al parecer no han sido suficientes para detener lo mismo a Padrés que a sus cercanos ex colaboradores.

Guillermo Padrés se defiende como gato boca arriba. La treintena de amparos que ha interpuesto contra absolutamente todas las autoridades habidas y por haber, le ha permitido escurrirse de las manos de la justicia como mojarra enjabonada ante cada intento que se ha hecho por jalarlo a cuentas para que declare en los procesos que tiene abiertos en su contra.

A nuestros fiscales, alcaldes y diputados ya les entró la desesperación, inclusive a la gobernadora Claudia Pavlovich también, de no poder echarle guante al ex gobernador a pesar de tener tantas irregularidades documentadas por la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal y hasta la PGR.

Y es que debemos admitir que el equipo de abogados defensores de Padrés, encabezado por el ex titular de la PGR, Antonio Lozano Gracia, ha demostrado que sabe ganarse cada uno de los millones de pesos que ha gastado el Memo en su defensa, la de sus hijos, de su esposa y de sus hermanos, en fin que dinero tiene, “haiga salido de donde haiga salido”.

La propia gobernadora Pavlovich ha declarado que es excesivo el uso que ha hecho Padrés del amparo para obstaculizar la acción de la justicia.

“Soy abogada y sé que tiene derecho a esos amparos, pero me pregunto cuánto costaron y por cuánto tiempo. Hay amparos contra mí, contra la fiscalía, contra el procurador. Vaya, no podemos ni mencionar su nombre”, dijo la gobernadora en entrevista con Radio Fórmula.

Esta desesperante situación para los incansables perseguidores de Padrés y sus ex funcionarios, ha motivado cuestionamientos a la Ley de Amparo, al Código Penal Federal y al Local, al Código Nacional de Procedimientos Penales y hasta a la propia Constitución Política de México.

La semana pasada el Congreso del Estado de Sonora, a propuesta del grupo parlamentario del PRI, aprobó enviar un exhorto al Congreso de la Unión para modificar la Constitución Federal y la Ley de Amparo, para que “no propicie impunidad para los delincuentes” y sea más fácil aplicarles la ley y meterlos a la cárcel.

Y esta semana, hubo nuevas propuestas en el Congreso Local que buscan por un lado contribuir a frenar la inseguridad y por el otro castigar a los servidores públicos que le roben al Estado.

Una de las propuestas la presentó el diputado por el Movimiento Ciudadano, Carlos León García, en el sentido de reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se incluya el delito de “robo a casa habitación” entre los que ameritan prisión preventiva.

Esto, dice el diputado “Charly” León, contribuirá a reducir los elevados índices de inseguridad en los municipios sonorenses, principalmente en Hermosillo, donde el robo a casa habitación trae por la calle de la amargura a los hermosillenses. Haber si la prisión preventiva a la que se harán acreedores les baja un poco las ganas de meterse a robar.

La otra propuesta la presentó el diputado de MORENA, José Ángel Rochín, y básicamente plantea modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y al Código Penal del Estado de Sonora, para que los delitos cometidos por funcionarios no prescriban, de tal manera que puedan ser enjuiciados y sentenciados en cualquier momento.

La propuesta es pertinente y necesaria, porque justamente eso ha sucedido en Sonora, donde ya muchos padrecistas no pueden ser enjuiciados porque a decir del contralor Miguel Ángel Murillo los delitos prescribieron, o sea, ya pasó el tiempo en que se podía ejercer acción penal en contra de ellos.

Sin embargo, en caso de lograrse estas reformas, aprovechando que todavía no se promulga el Sistema Estatal Anticorrupción, no servirán de nada para efectos de enjuiciar a Padrés y ex colaboradores acusados de corrupción, de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, etc., porque una reforma legal no se puede aplicar de manera retroactiva.

Pero sí servirá para frenar cualquier intento de rapiña presupuestal en la actual administración estatal y en las municipales, para que no vuelva a ocurrir lo del padrecismo. Que así sea.

Por hoy hasta aquí la dejamos. Sean felices.

Hasta la próxima.

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