Comparativo de la propuesta de Maloro Acosta con respecto al actual marco legal del NSJP


COMPARATIVO DE  SITUACIÓN ACTUAL DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMEINTOS PENALES Y DE LAS LEYES ESTATALES  DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y LAS REFORMAS  PROPUESTAS POR MALORO ACOSTA

 

REFORMA A LAS FRACCIONES II Y III, Y DE LOS ÚLTIMOS DOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 187 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

 

SITUACIÓN ACTUAL:

Artículo 187.-  “Control sobre los acuerdos reparatorios.

Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes:

  1. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido;

II.- Delitos culposos, o

III.- Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades federativas.

Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio salvo que haya sido absuelto”.

 

CONSECUENCIA:

Como se aprecia en la fracción II, del artículo 187, la procedencia de los acuerdos reparatorios se generaliza para todos los delitos culposos, entre los cuales son comunes los de homicidio, lesiones y daños, cuando se comete cualquiera de éstos por culpa o imprudencia. Al respecto, es importante cuestionar la procedencia y justificación de los acuerdos reparatorios para todos los casos de los delitos culposos, pues tales acuerdos están fincados en principio, en los intereses privados de las víctimas, sin embargo, observamos que en los códigos penales, como el de Sonora, se prevén delitos culposos que son de trascendencia social, tales como el homicidio y ciertos delitos de lesiones, la afectación es índole social y va más allá del interés privado de las víctimas o de quienes resulten víctimas indirectas, como son los familiares de los fallecidos en los casos de homicidios, por el solo hecho de ser culposos no se justifica social y humanamente la procedencia de los acuerdos reparatorios para extinguir la acción penal y concluir el asunto sin sentencia.

En la fracción III, del mismo artículo, se regula la procedencia de los acuerdos reparatorios para los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Como es sabido, la gran mayoría tanto de los robos en casa habitación como los de vehículos de propulsión mecánica, se cometen diariamente sin violencia sobre las personas, y en caso de ser detenido el inculpado, es susceptible llevarse a cabo el acuerdo reparatorio entre la víctima u ofendido y el imputado, según lo previsto por el artículo y fracción mencionados, al haber sido cometido el delito sin violencia en las personas, de manera que queda impune el culpable, siendo que se trata de delitos de gran impacto social.

En el caso particular del municipio de Hermosillo, se presentan recurrentemente casos de robo en casa habitación, los cuales ocurren en muchas ocasiones reincidentemente en un mismo domicilio, y los sujetos activos del delito también son los mismos; sin embargo, al ser detenidos no permanecen en prisión, al acogerse a los beneficios que le proporciona el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

PROPUESTA DE REFORMA, INICIATIVA MALORO

En relación a la fracción II, de dicho artículo, debe reformarse la fracción en comentario, con el fin de excluir la procedencia de los acuerdos reparatorios respecto del homicidio culposo, con el objeto de que se siga la investigación y en su oportunidad, se turne el caso ante un Juez para que resuelva si se vincula a proceso al inculpado:

 

Asimismo, que cuando se vincule a proceso al inculpado, si no procediere la suspensión condicional del proceso, se continúe el procedimiento hasta sentencia, ya sea en el juicio abreviado o en el ordinario, y en el fondo se resuelva si el acusado es inocente o es culpable, imponiéndole en este caso la sanción correspondiente.

 

En relación a la fracción III, proponemos que se proscriban en el Código Nacional, los acuerdos reparatorios para los delitos de robo en casa habitación a la que el agente no haya tenido autorización para introducirse, y de robo de vehículos de propulsión mecánica.

 

REFORMA AL ART. 191 DEL CNPP

SITUACIÓN ACTUAL:

Artículo 191. Definición.- “Por suspensión condicional del proceso deberá entenderse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Capítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal.”

 

CONSECUENCIAS:

Como puede verse, este artículo dispone que es el ministerio público o el inculpado quienes están legitimados para plantear la suspensión condicional del proceso, pero prevé que contenga “un plan detallado” sobre la reparación del daño, sin que se mencione ni señale en forma alguna que el inculpado haya pagado los daños y perjuicios, o que esté exhibiendo una garantía efectiva para pagarlos.

 

PROPUESTA DE REFORMA INICIATIVA MALORO

El precepto debe ser reformado para proteger a la víctima, previendo que al presentarse el planteamiento, el inculpado acredite el pago de los daños y perjuicios o presente un plan de reparación y podrá exhibir garantía de dicho pago, para hacerlos del conocimiento de la víctima u ofendido, sujetándose a lo que se resuelva en la audiencia que prevé el artículo 194.

 

REFORMA A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 192 DEL CNPP

SITUACIÓN ACTUAL:

Artículo 192.- “Procedencia.- La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se cubran los requisitos siguientes:

  1. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años;
  2. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y

III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior, en su caso.

Lo señalado en la fracción III del presente artículo, no procederá cuando el imputado haya sido absuelto en dicho procedimiento.”

 

CONSECUENCIAS:

En relación a la fracción I, del artículo 192.- El código penal de Sonora y su similar en otros estados, tipifican múltiples delitos cuya media aritmética de la pena de prisión no excede de 5 años, respecto de los cuales la ley no debiera permitir la suspensión del proceso, entre los cuales se encuentran, evasión de presos, relaciones sexuales remuneradas con menores de edad, abusos deshonestos, lesiones que dejan cicatrices notables o incapacidad permanente, violencia intrafamiliar, entre otros, que son delitos que afectan tanto a las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, por su trascendencia.

 

PROPUESTA DE REFORMA INICIATIVA MALORO:

Respecto a lo anteriormente expuesto, consideramos que la fracción I debe ser reformada para permitir la suspensión del proceso cuando se trate de delitos cuya media aritmética de la pena de prisión, no exceda de tres años, pero no de cinco años como dice actualmente.

 

REFORMAS AL ARTÍCULO 194 DEL CNPP

SITUACIÓN ACTUAL:

Artículo 194.- “Plan de reparación. En la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado deberá plantear, un plan de reparación del daño causado por el delito y plazos para cumplirlo.”

 

CONSECUENCIA:

No se acredita en la audiencia que se le haya pagado a la víctima u ofendido los daños y perjuicios, afectando a la víctima al dejarla en la incertidumbre sobre el pago de dicha reparación, mientras que la suspensión y en su caso, la reanudación y continuación del proceso hasta la sentencia y su ejecución, puede durar meses o años, si es que para entonces existen bienes en qué hacer efectiva la sentencia.

 

PROPUESTA DE REFORMA INICIATIVA MALORO:

En congruencia con lo que observamos respecto al artículo 191, el artículo 194 también debe ser reformado para proteger a la víctima, previendo que en la audiencia en donde se resuelva sobre la solicitud de suspensión condicional del proceso, el Juez se cerciorará de que se acredita haberse pagado a la víctima u ofendido los daños y perjuicios o exhibido el plan y en su caso, la garantía de dicho pago, y que cuando no exista garantía de su cumplimiento, sólo se aprobará por el Juez un plan de reparación de daños y perjuicios, si la víctima u ofendido no asiste a la audiencia o que asistiendo, no se oponga a éste. (ver páginas 22 y 23 de la iniciativa)

 

 ADICIÓN DE PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 204 DEL CNPP

SITUACIÓN ACTUAL:

Artículo 204 “Oposición de la víctima u ofendido. La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño.”

 

CONSECUENCIA:

En primer lugar, observamos que en el procedimiento abreviado es el ministerio público el que tiene la facultad de solicitar las penas, incluyendo la reparación del daño, que habrán de imponerse al sentenciado y el juez al emitir la sentencia no puede aumentar ni modificar dichas penas; lo grave de esto es que la víctima no tiene derecho a oponerse a la pena de prisión solicitada por el ministerio público, pues sólo será procedente la oposición cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño.

 

PROPUESTA DE  REFORMA INICIATIVA MALORO:

Proponemos que se adicione al artículo 204 un segundo párrafo, en el cual se establezca que la víctima también podrá oponerse al procedimiento abreviado cuando considere que las penas solicitadas por el ministerio público son injustas y desproporcionadas en relación con el delito cometido; asimismo, que en caso de presentarse esta oposición, el Juez deberá valorarla y resolver de manera fundada y motivada si autoriza o no el procedimiento abreviado.

 

REFORMAS A LEYES ESTATALES

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA, mediante la cual se propone la reforma de los artículos 9, fracción X; 77 BIS, fracciones II y VI; 38 y 239, párrafo primero; y la adición de las fracciones VII BIS y XV BIS al artículo 4; un párrafo segundo al artículo 34; ASIMISMO, se reforma el artículo 3, fracción I, inciso a), de la LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA.

 

SITUACIÓN ACTUAL:

En la actualidad los ciudadanos que son víctimas de delito enfrentan dificultades para ejercitar su derecho de denuncia y no existe entonces una actuación inmediata por parte de las autoridades ministeriales que deben realizar sus tareas de investigación.

Por otra parte, las corporaciones policiacas en los ámbitos municipal y estatal, dedican muchas horas de sus horarios de labores en la elaboración del Informe Policial Homologado, cuando el ejercicio de sus funciones concurren a lugares en que haya ocurrido la comisión de delitos, distrayéndose entonces de su función fundamental, que es, proteger a la ciudadanía.

 

CONSECUENCIA:

Apatía de los ciudadanos víctimas de delito de presentarse ante la autoridad ministerial a presentar sus denuncias, por la pérdida de tiempo, exceso de requisitos, porque queda lejos, porque llegan y se encuentra cerrado, porque si denuncio no pasa nada.  En lo relacionado con el Informe Policial Homologado, existe demasiado tiempo distraído de las labores de vigilancia y prevención que deben desempeñar las fuerzas policiacas, pero además, se genera un importante gasto de recursos en el llenado respectivo, pues dichos informes se elaboran en cuatro tantos en original, por así establecerlo la norma de procedimental, con el consecuente gasto en papel, tinta, etc.

 

PROPUESTA DE REFORMA INICIATIVA MALORO:

Con la adición de la utilización de los medios electrónicos propuesta, la actuación del personal policiaco será más rápida y expedita, y permitirá que la autoridad ministerial tenga conocimiento inmediato de la comisión de delitos, lo que le permitirá ordenar la realización de investigaciones para su esclarecimiento, pero sobre todo, será un medio facilitador para los ciudadanos en la presentación y subsecuente atención de sus denuncias, pues podrán realizarse en línea y bastará con que la denuncia correspondiente sea avalada con la firma electrónica del agente policiaco que la reciba para que pueda ser puesta en conocimiento de la autoridad ministerial.

La misma suerte seguirá el Informe Policial Homologado, que podrá ser enviado por vía electrónica y bastará que aparezca la firma electrónica del agente de policía que la realice para su perfecta validez cuando sea puesta del conocimiento de la autoridad ministerial. La utilización de medios electrónicos deberá ser regulada por los entes encargados de la seguridad pública, éstos deberán establecer las condiciones y acciones a seguir para procurar que la firma electrónica de los agentes policiacos pueda ser realizada, previa la acreditación de requisitos establecidos por aquellos.

 

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