Aprueban nombramientos de nuevos funcionarios del Congreso de Sinaloa


 

CULIACÁN, Sinaloa, a 13 de octubre del 2016.- Por unanimidad del Pleno de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, se aprobó la propuesta de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para nombrar al Secretario General, al Director Jurídico, al Director de Gestión y Vinculación Social, al Director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, a la Contralora Interna, y al Coordinador de la Unidad de Estudios Económicos, todos del Poder Legislativo.

A partir de este jueves 13 de octubre, el Licenciado Simón Rafael Betancourt Gómez es el Secretario General del Congreso del Estado. Cuenta con experiencia en la elaboración de iniciativas de leyes, en la elaboración y atención de acciones de inconstitucionalidad, amparos, procesos de licitación, responsabilidades de servidores públicos, procesos de entrega recepción, asesorías jurídicas administrativas, además de atender asuntos civiles y mercantiles.

Ha prestado servicios de asesoría jurídica al Gobierno del Estado de Sinaloa, en la Secretaría General de Gobierno del Estado, la Subsecretaría de Administración, y Secretaría de Finanzas, además ha sido asesor jurídico para el Fideicomiso de Riesgo Compartido, entre otros.

El Doctor Eduardo Ramírez Patiño es quien ocupa el cargo de Director Jurídico, es Doctor en Derecho y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa; fue Magistrado Supernumerario y Numerario del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, además de Jefe del Departamento de Proyectos y Dictámenes del H. Congreso del Estado.

Mientras que Francisco Chiquete Cristerna es Director de Gestión y Vinculación Social, ganador del Premio Estatal de Periodismo y tiene amplia experiencia en programas y noticieros radiofónicos ya sea como Director o comentarista; en medios escritos fue Director del periódico vespertino Adelante, Jefe de Información del periódicos El Sol del Pacifico y del Sinaloa Opina – Nuevo Diario; Jefe de Redacción del periódico La Voz de Mazatlán; Asesor en la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y responsable del área de Información y Relaciones de la UAS en el Sur de Sinaloa, entre otros.

La Dirección del Instituto de Investigaciones Parlamentarias es ocupada por Francisco Javier Lizárraga Valdez, quien es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Maestría en Estudios Parlamentarios por la Universidad de Occidente, ha cursado diplomados en políticas públicas, en derecho de acceso a la información pública, en justicia constitucional y actualización jurisprudencial, y de presupuesto basado en resultados.

A su vez, la Licenciada en Contaduría Pública Gloria Trinidad Luna Ismerio, llega a la Contraloría Interna, ha desempeñado trabajos en áreas de trabajo contable, fiscal, laboral en el sector primario, ha elaborado proyectos para bajar recursos federales, es conferencista para la Universidad Autónoma de Sinaloa en diplomados de titulación, asimismo, es Presidenta de la Asociación de Fiscalistas y Áreas Afines de Mazatlán, A.C., Vicepresidenta de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa, Delegación sur, y es encargada del Área Fiscal del organismo Empresarias Ejecutivas de Sinaloa, A.C.

En el caso de la Coordinación de la Unidad de Estudios Económicos, llega el Licenciado en Economía Francisco Montero Rubio, quien ha ocupado cargos como el de Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave; Delegado en Guasave de la CAADES; Director General de Pensiones del Estado de Sinaloa; Recaudador de Rentas de Culiacán; Tesorero Municipal de Ahome; Titular de la Unidad de Estudios Financieros y Deuda Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa; Director de la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal del Estado de Sinaloa; Auxiliar del departamento Técnico-Económico de la AARC y Economista del departamento de estudios Económicos y Estadística de la CAADES, entre otros.

Durante la sesión se le dio primera lectura a tres iniciativas, la primera; presentada por la Diputada Paola Gárate Valenzuela, del Partido Revolucionario Institucional, en la cual propone adicionar un tercer párrafo al artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, esto a fin de que se realice la implementación de figuras en la administración pública municipal de Sinaloa que afiance la participación ciudadana así como la realización de sesiones de cabildo abierto, que propicie un espacio para la sociedad pueda expresar, solicitar, propone y gestionar necesidades colectivas frente a los gobiernos municipales.

Por ello su iniciativa de adición de un tercer párrafo, recorriéndose subsecuentemente los siguientes, al artículo 25 de la Ley de gobierno Municipal del Estado de Sinaloa para quedar así:

“Artículo 25. . .

. . .

Asimismo, el Ayuntamiento sesionará en Cabildo Abierto para recibir directamente de los ciudadanos propuestas, opiniones o proyectos relacionados con temas de interés general, buscando fomentar la participación de los habitantes del municipio”.

La segunda; presentada por el ciudadano Francisco Solano Urías, que propone reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, con el objetivo de que sea la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa COEPRISS, la autoridad en materia de control sanitario.

Se hace una adecuación técnica en el artículo 204 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa, introduciendo el concepto “verificados” en lugar de la palabra “inspeccionados”; igualmente, se complementa adecuadamente la terminología correcta para u n mejor alcance y claridad, haciendo mención a su vez que para establecer u n nuevo cementerio o crematorio, se necesita permiso emitido por la autoridad municipal correspondiente, quien la concederá, previa opinión técnica y autorización sanitaria de  la COEPRISS, organismos descentralizado sectorizado de la Secretaría de Salud.

Proponen que Eldorado sea el municipio 19 de Sinaloa

Mientras que la tercera; fue la presentada por las y los Diputados del grupo parlamentario del Partido Sinaloense, en la que proponen reformar los artículos 18 fracción I, y 112 fracción III de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con el objeto de aprobar que la sindicatura de Eldorado, sea considerado como el municipio 19 de Sinaloa.

Su propuesta de reforma a los artículos 18, fracción I y 112, fracción III, dice así:

“Artículo 18

  1. En 19 Municipalidades autónomas a saber:

Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador  Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Eldorado, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, con la extensión y límites que les correspondan”

Artículo 112. . .

  • Los municipios de Choix, Angostura, Badiraguato, Eldorado, Cosalá, Elota, San Ignacio y Concordia, con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador, seis Regidores de Mayoría Relativa 6y cuatro Regidores de Representación Proporcional”.

En Asuntos Generales, el Diputado Feliciano Valle Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional, presentó un posicionamiento relacionado a la necesidad de la instalación de un centro regional de justicia que atienda a los municipios de Guasave y Sinaloa, tal y como se planteó en una iniciativa presentada en la legislatura anterior y que ya fue ratificada, dijo que habitantes de Guasave y Sinaloa padecen “un verdadero viacrucis” para interponer sus denuncias  cuando son víctimas de un delito o bien esperar ocho horas para que los cuerpos de las víctimas de accidentes o crímenes sean levantados o entregados a sus familiares, por la tardanza del personal desde Angostura.

Sobre el mismo tema, hicieron uso de la Tribuna la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, del Partido Sinaloense, los Diputados José Menchaca López, Marco Antonio Osuna Moreno y la Diputada Ana Cecilia Moreno Romero, estos tres del Partido Revolucionario Institucional, quienes coincidieron en la necesidad de dar respuesta a la sociedad en un tema tan delicado como lo es la justicia, toda vez que en caso de no atender esta solicitud, la atención de las autoridades no es expedita y resulta más costosa.

Por otra parte, la Diputada Margarita Villaescusa Rojo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, realizó un posicionamiento sobre salud mental, en el que aseguró que urgen acciones que involucren a las autoridades educativas, al Sistema DIF, a los medios de comunicación y padres de familia, entre otros, porque “nos hacen falta políticas públicas que atiendan este tema”, motivo por el que anunció que ya trabaja en la elaboración de la iniciativa de ley de Salud Mental del Estado de Sinaloa.

Posteriormente, la Diputada Alba Virgen Montes Álvarez, del Partido Sinaloense, hizo uso de la voz para hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción recordó diversos casos presentados a nivel nacional en los que se presume corrupción, sin embargo, la sociedad no está conforme con el actuar de las autoridades al respecto, por lo que reiteró la necesidad de que se realice un combate frontal al tema, sin importar partidos.

Sobre el mismo tema la Diputada María Eugenia Medina Miyazaki, del Partido Revolucionario Institucional, señaló que la corrupción es un fenómeno multifactorial que inhibe el trabajo las instituciones, trastoca las estructuras  económicas y sociales, limita el crecimiento económico del país e impide el óptimo desarrollo social y humano, además, genera inestabilidad política y deriva en la desconfianza e incertidumbre de la población hacia sus gobiernos.

Mientras que el Diputado Efrén Lerma Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, dijo que debe de ser mediante hechos y no con discursos como se demuestre que realmente se está dispuesto a hacer las cosas.

En otro tema, los Diputados Rafael Mendoza Zataráin, del Partido Sinaloense, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, Efrén Lerma Herrera, del Partido de la Revolución Democrática, y la Diputada Maribel Chollet Morán y el Diputado Carlos Francisco Montenegro Verdugo del Partido Revolucionario Institucional, se pronunciaron a favor de la desaparición del fuero constitucional.

Mendoza Zataráin dijo que el fuero constitucional inicia desde el nombramiento del funcionario y termina al concluir su cargo; inmunidad que tuvo gran relevancia en la época posrevolucionaria cuando el grupo en el poder, para mantenerse en el mismo, perseguía y encarcelaba a los políticos que no comulgaban con su ideología y señaló que “no debe ser un escudo para la corrupción, y tampoco debe servir de protección para pisotear el Estado de Derecho. Ante la Ley, todos somos iguales”.

Por su parte, Castaños Valenzuela dijo que las iniciativas del sistema anticorrupción, su grupo ya presentó la correspondiente, y que el Congreso debe ser una representación plural de la sociedad, por lo que el fuero se ha convertido en una perversa actividad de la impunidad y ya cumplió su cometido hace muchos años.

Luego, Lerma Herrera se pronunciaría al respecto al decir que su partido está en contra de esa figura, el fuero, y de quien lo ve como un argumento para mal obrar.

En su oportunidad, Chollet Morán indicó que desafortunadamente la figura del fuero, ha permitido ser usada como escudo para caer en omisiones, y la sociedad hoy exige rendición de cuentas, y parte de los trabajos de la LXII Legislatura debe de ser el remover todo obstáculo, para poder transitar para el empoderamiento del ciudadano de a pie.

Mientras que Montenegro Verdugo dijo que por confusión histórica, en México el fuero se convirtió  en un privilegio, pero que no es sino impunidad para quien incurre en acciones para burlar la justicia, ya no es una figura para los tiempos que se viven, dado que el pueblo lo ve como  impunidad, y el tema tiene que ser tratado en un debate de altura.

Otro tema, fue el llevado a Tribuna por la Diputada Sylvia Treviño Salinas, del Partido Acción Nacional, quien realizó un llamado a intensificar los trabajos legislativos para prevenir la trata de personas, especialmente en las niñas, niños y adolescentes.

Reiteró que hacen falta políticas públicas fuertes que ayuden a fortalecer fundaciones y otras instituciones para prevenir y atender la trata de personas  y mencionó que existe en la entidad la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, no existe coordinación ente los diferentes niveles de gobierno, requieren  mecanismos de acción que realmente los lleve a una eficaz y eficiente aplicación de la ley.

Finalmente, se citó a sesión ordinaria para el próximo martes 18 de Octubre, a la hora de Reglamento.

 

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