Envían a publicación Ley que sustenta el Sistema Estatal Anticorrupción


Dip. David Palafox Celaya.

 

Hermosillo, Son. 24 de noviembre de 2016.- En virtud de haber sido aprobada por 42 ayuntamientos, la mesa directiva del Congreso del Estado envió a publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley número 96, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, misma que sustenta el Sistema Estatal Anticorrupción con la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora especializada en delitos electorales y de anticorrupción.

En esta penúltima sesión ordinaria del mes de noviembre, la Presidencia turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano una iniciativa presentada por el diputado Jesús Epifanio Salido Pavlovich, con proyecto de ley de propiedad de condominio de inmuebles para el Estado de Sonora, nuevo ordenamiento que sustituiría a la actual legislación en la materia, publicada el 12 de julio de 1993.

La actual Ley sobre el Régimen de Propiedad en  Condominio de Inmuebles para el Estado de Sonora no ha sido objeto de reforma alguna, expuso, lo que da un indicio de la necesidad de modernizar dicho ordenamiento para adecuarlo a las exigencias sociales y económicas contemporáneas, de manera que en su iniciativa propone la abrogación de la misma.

“Es fundamental contar con un marco jurídico que, sin entorpecer el desarrollo económico, garantice la armonía de los propietarios de bienes en condominio, aunado a políticas y acciones gubernamentales que se implementen en la materia, en virtud de la gran trascendencia que representa el régimen de propiedad en condominio en la actualidad”, aseveró el diputado Salido Pavlovich.

En esta ordinaria, correspondió al diputado David Homero Palafox Celaya darle lectura al Acuerdo que resuelve enviar a publicación la Ley número 96, al haber sido aprobada por los cabildos de los siguientes ayuntamientos: Cumpas, Empalme, Bacadéhuachi, San Pedro de la Cueva, Arivechi, Altar, San Felipe de Jesús, Huépac, Bacerac, Bacoachi, Santa Ana, Arizpe, Bacanora, Bácum, Hermosillo, Navojoa, Fronteras, Nácori Chico y Magdalena.

También por los de Sahuaripa, Carbó, Huásabas, Rayón, Villa Hidalgo, Benjamín Hill, Suaqui Grande, Tubutama, Etchojoa, Villa Pesqueira, San Javier, Átil, Mazatán, Yécora, Ónavas, Soyopa, Úres, General Plutarco Elías Calles, Granados, Pitiquito, La Colorada, Sáric y Guaymas, Sonora.

La Ley número 96, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, fue aprobada por el Pleno el pasado 30 de junio, y tiene por objeto armonizar el marco constitucional con las modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción.

Conforme al orden del día aprobado, la diputada Lina Acosta Cid presentó un proyecto de decreto que adiciona un párrafo cuarto al Artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON, con el objeto de que dicha institución diseñe y expida un tabulador especial, que tomará en cuenta cada una de las enfermedades que originen un estado de discapacidad a las personas que las padecen.

Agregó que deberá establecerse el tiempo mínimo requerido cotizado en dicho instituto para que la persona pueda alcanzar la pensión por jubilación, además de destacar que la iniciativa cumple con los planteamientos de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo de la cual México forma parte.

La iniciativa se turnó para su estudio a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, y de Salud, en forma unida, mientras que a la de Educación y Cultura se remitió el proyecto de ley del sistema integral para erradicar el ausentismo y la deserción en la educación básica y media superior en el Estado de Sonora.

A nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Teresa María Olivares Ochoa  dio lectura a la iniciativa, la cual no sólo trata de proteger el derecho educativo de los niños, o de contar con ciudadanos mejor preparados que aporten a la sociedad, o de cumplir con altos estándares educativos.

“Se trata, también, de disminuir los altos índices delictivos y acabar con la voraz inseguridad que hay en todo el país, que no sólo amenaza nuestra integridad física, familiar y material, sino que está llevando a nuestra sociedad a una descomposición en la que se hace a un lado el estado de Derecho e impera la Ley del más fuerte”, expresó.

Sobre este tema hicieron uso de la voz los diputados Manuel Villegas Rodríguez, Omar Guillén Partida, Sandra Mercedes Hernández Barajas, Lisette López Godínez, Fermín Trujillo Fuentes y Rodrigo Acuña Arredondo.

Enseguida el diputado Carlos Alberto León García dio lectura a su iniciativa con proyecto de ley que adiciona un Artículo 20-A a la Constitución Política del Estado de Sonora, en materia de combate a la discriminación y violencia contra la mujer, que será estudiada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Explicó que esta iniciativa surge ante “la urgente necesidad de crear un marco jurídico a nivel constitucional, que sirva de base y directriz para legislar preponderantemente con perspectiva de género, y que consecuentemente se atiendan los derechos humanos más fundamentales de las mujeres, a fin de brindar una mayor protección y dar cabal cumplimiento a los instrumentos internacionales y nacionales”.

La asamblea también aprobó el Acuerdo por el que el Poder Legislativo resuelve exhortar al Presidente de la República, a la Gobernadora del Estado, al Secretario de Salud de Sonora y al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentado por el diputado Javier Villarreal Gámez.

Propuso que dichas autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un convenio entre el IMSS y la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, a efecto de que el Hospital Universal de Especialidades, ubicado en el municipio de Cananea, sea administrado y operado por el Seguro Social, y se permute la Unidad de Medicina Familiar de dicho instituto a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Este nosocomio de especialidades es administrado y operado por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, dijo, pero desafortunadamente dicha dependencia no cuenta con el personal médico suficiente para operar adecuadamente el hospital, por lo que a la fecha no es posible prestar la debida atención médica que requieren los derechohabientes del IMSS en Cananea.

 

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