Por: Marco Antonio Andrade

 

 

 

Sonora 2018, una elección sin reelección

Por una aparente nimiedad jurídica la reelección inmediata de alcaldes y diputados no podrá aplicarse en el proceso electoral del 2018 en la entidad.

Aunque si bien es cierto que Sonora cumplió con armonizar la normatividad electoral local a los lineamientos de la reforma constitucional del 2014, nuestros legisladores olvidaron un gran detalle que en el terreno de los hechos impedirá la elección consecutiva por primera vez en más de 100 años.

A partir del inminente inicio del proceso electoral el próximo mes de septiembre, existe una nueva prerrogativa que amplía los derechos electorales de los senadores, diputados federales, diputados locales, alcaldes, síndicos y regidores municipales, permitiendo que estos puedan reelegirse, con excepción de los gobernadores y el Presidente de la República, por periodos adicionales específicos aunque diferenciados entre sí.

Sin embargo, es importante precisar al respecto que el registro de cualquier candidatura está legal y políticamente subordinada a la decisión del partido o a la coalición de partidos mediante el cual un alcalde o diputado obtuvo el triunfo en el proceso electoral inmediato anterior.

Es decir, ningún diputado o alcalde tiene la libertad política ni la facultad de decisión personal para competir de nuevo y reelegirse al mismo cargo actual, en virtud de que la postulación y el registro debe obtenerlo por decisión exclusiva de su partido, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del periodo de su mandato, sin cuyo requisito tampoco es posible postularse como candidato independiente (sic), tal y como imperativamente fue aprobada la reelección en el país.

En ese contexto, los senadores podrán reelegirse por dos periodos o doce años, mientras que los diputados federales por cuatro periodos o doce años consecutivos.

Empero, quienes estén por concluir su ciclo no pueden postularse de nuevo debido a la restricción señalada por el artículo décimo primero transitorio de dicha reforma, el cual determina que los senadores y diputados federales sólo podrán reelegirse después de la elección del 2018 y no antes.

Por su parte, los diputados locales sí tienen derecho a reelegirse en 2018 hasta por cuatro periodos o doce años. A su vez que los alcaldes y demás integrantes del cabildo también pueden reelegirse, aunque solamente por un periodo adicional que les permita permanecer seis años en el mismo cargo.

La mala noticia es que estos nuevos derechos político-electorales no podrán ejercerse por un impedimento técnicamente insalvable marcado por los tiempos procesales y por evidentes errores y omisiones en el diseño normativo de la nueva legislación electoral local, cuya consecuencia es que la reelección deberá esperar hasta el 2021.

No obstante que en abril de este año el Congreso del Estado tuvo que aprobar de nueva cuenta las modificaciones electorales “para armonizarlas a las federales”, lo que realmente hicieron fue enderezar un error cometido por la legislatura anterior.

Dicha enmienda evidenció el cruce de cables en que incurrió el Congreso al aterrizar en junio de 2014 las reformas electorales federales, mismas que por no haberlas analizado de manera exhaustiva, imposibilitaron desde su homologación inicial la reelección, en razón de que los diputados de esa época no supieron leer la letra chiquita de la Reforma Constitucional, mientras que los actuales al momento de corregir dicho entuerto, ciertamente taparon un hoyo, pero abrieron un socavón.

En efecto, pese a que el Congreso corrigió los artículos previstos anteriormente en forma errónea, también es cierto que cometieron un descuido de mayor trascendencia al omitir aprobar, por una parte, las bases legales secundarias o las normas reglamentarias aplicables al sistema de reelección de alcaldes y diputados, y por otra, tampoco advirtieron el incumplimiento del plazo de tres meses otorgado al IEEyPC para expedir a más tardar el 30 de septiembre del 2014 (sic) los reglamentos respectivos, tal y como expresamente lo contempla el artículo quinto transitorio de la nueva Ley Electoral para el Estado.

En ese sentido, es válido afirmar que el Congreso y la primera autoridad electoral pasaron por alto que la reelección requiere de normas reglamentarias para garantizar su aplicación práctica, mismas que deben emitirse como ley secundaria por el propio Congreso del Estado, o en su caso, como reglamento administrativo por el IEEyPC.

La realidad es que a la fecha ninguno hizo la ley ni el reglamento correspondiente.

Ambos incumplieron y seguramente nadie es ni será responsable de nada.

Desafortunadamente sucede lo mismo con la Ley de Participación Ciudadana que desde el 2011 es inaplicable por otra omisión reglamentaria que es también una vieja responsabilidad incumplida por el IEEyPC, como máxima autoridad en la materia.

El reglamento general respectivo debió expedirse en noviembre del 2011.

En síntesis, y tomando en consideración además que el plazo constitucional de 90 días previos para promulgar modificaciones sustantivas antes del inicio del proceso electoral ya concluyó en mayo de este año, por el momento no habrá reelección ni de alcaldes ni diputados.

A esperar todos y todas.

Conclusión: la solución será entonces recurrir al ejercicio de la facultad reglamentaria prevista genéricamente por la Carta Magna local.

Ni modo.

Alguien tiene que legislar lo que los legisladores no legislan.

Salud.

andrade.aguirre@hotmail.com