• Aseguraron que desde el Poder Legislativo existe disposición para brindar las herramientas jurídicas necesarias para combatir el flagelo y brindar mejores condiciones de vida a los sinaloenses.

 

CULIACÁN, Sinaloa, a 16 de octubre de 2017.- Integrantes de la LXII Legislatura solicitaron reforzar los operativos de seguridad en la zona serrana de los municipios en donde se están presentado casos de desplazamiento forzado de personas, generar condiciones para que las familias puedan regresar a sus lugares de origen, y en el caso de quienes no puedan regresar, brindarles un entorno en el que puedan desarrollarse de una mejor manera.

Lo anterior, al realizarse una reunión de trabajo con Genaro Robles Casillas y Rosa Elena Millán Bueno, titulares de la Secretaria de Seguridad Pública y de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, en la que ambos funcionarios dieron un informe sobre los desplazados en Sinaloa por situaciones de inseguridad.

Durante su participación, la diputada Irma Tirado Sandoval, presidenta de la Junta de Coordinación Política, consideró necesario que exista un seguimiento a las políticas de atención a estos grupos vulnerables, extender las medidas de prevención y apoyo a los nuevos centros poblados o de concentración de los desplazados para que no pasen de nueva cuenta por problemas de vulnerabilidad.

Reiteró que en el Congreso del Estado existe voluntad por ser coadyuvantes en la búsqueda de soluciones para los afectados, es momento de dar seguimiento y ser partícipes en la solución, toda vez que se trata de una obligación para los legisladores y es un tema en el que no se tiene que tener descanso.

Mientras que diputadas como Maribel Chollet Morán, Margarita Villaescusa Rojo, Irma Moreno Ovalles, Sylvia Treviño Salinas y Angélica Díaz Quiñonez, coincidieron en la importancia de combatir a la delincuencia con la educación y la promoción de valores desde el entorno familiar, brindar atención psicológica y buscar una atención integral para quienes han sufrido el desplazamiento de sus comunidades.

Por su parte, los diputados Víctor Antonio Corrales Burgueño, Marco Antonio Osuna Moreno, Feliciano Valle Sandoval, Andrés Félix Zavala, Gerardo Valencia Guerrero y Crecenciano Espericueta Rodríguez, señalaron que parte de la solución del problema es dar mejores oportunidades de desarrollo social a quienes sufren padecen del fenómeno, que se castigue a quienes delinquen y se culmine con la impunidad, lo cual haría que la sociedad recupere la confianza en las autoridades y tengan la certeza para denunciar.

Es importante señalar que durante su participación, el general Genaro Robles Casillas, titular de la SSP, dijo que el desplazamiento de personas se debe a diversos factores, entre los que se encuentra el de la violencia, aseguro tener identificados a los grupos delincuenciales de las zonas de Concordia y Rosario, pero no se les ha podido detener por falta de denuncia.

Indicó que se han implementado medidas como el despliegue de seguridad permanente, filtros y patrullajes nocturnos reconocimientos de zona y apoyo en traslados de pobladores y maestros, en busca de resolver la situación con perspectiva de respeto a los derechos humanos.

Del mismo modo, precisó que si bien el problema es algo que tiene muchos años, es de gran importancia trabajar en la reconstrucción del tejido social porque de lo contrario será difícil conseguir que las cosas cambien, el trabajo en ese sentido tiene que ser intenso y con visión de largo plazo.

En tanto, Rosa Elena Millán Bueno, secretaria de Desarrollo Social en Sinaloa, mencionó que los trabajos para combatir la problemática se tienen que hacer de manera coordinada, sin embargo, existen varios factores por los que no se tiene información exacta sobre las cifras de migración forzada, aunque se tiene conocimiento que las zonas del estado más afectadas son las de Concordia, San Ignacio y Rosario, en el primer municipio con 230 familias desplazadas, el segundo con 59 y el tercero con 10.

Puntualizó que hace falta legislación que dé sustento constitucional para la aplicación de políticas públicas a favor de los desplazados, el fenómeno debe de ser reconocido legalmente y generar la acción coordinada para que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos, pero ello no debe de ser un obstáculo para reconocer el problema.

Millán Bueno precisó que el papel de las autoridades es claro, se deben de garantizar los derechos de las víctimas, investigar los motivos del desplazamiento y diseñar estrategias de combate al fenómeno, y sostuvo que existen condiciones favorables para la creación de proyectos productivos que brinden desarrollo económico importante en lugares en los que hoy existen casos de desplazamiento forzado interno.