El Juez Federal Décimo Segundo de Distrito en el Estado dictó Sentencia mediante la cual declara improcedente el Amparo No. 1003/2017 promovido por los ciudadanos Alfonso López Villa y Rosendo Arrayales Terán, en contra de la integración del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA)

 

HERMOSILLO, Sonora, a 3 de diciembre del 2017.- El pasado 27 de noviembre el Juez Federal Décimo Segundo de Distrito en el Estado dictó Sentencia mediante la cual declara improcedente el Amparo No. 1003/2017 promovido por los ciudadanos ALFONSO LOPEZ VILLA y ROSENDO ARRAYALES TERAN, mismos que impugnaron la integración del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

Mediante un comunicado de prensa emitido por la Comisión Seleccionadora del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SEA, a través de su Coordinador Ejecutivo, Marco Antonio Andrade Aguirre, se dio a conocer el citado fallo que deja firme el procedimiento e integración del CPC.

El comunicado explica que los argumentos centrales del Amparo de los señores LOPEZ VILLA (Hermosillo) y ROSENDO ARRAYALES (Ciudad Obregón) fue la supuesta violación a los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad del proceso desarrollado por la Comisión, reclamando además la metodología y el mecanismo de evaluación y calificación de los aspirantes, señalando también la aparente violación al principio de máxima publicidad de nuestras actividades, sin aportar prueba alguna ni argumentos jurídicamente válidos para demostrar su inconformidad.

Impugnaron sin argumentos y acusaron sin pruebas

Consideramos que el trabajo de la Comisión de Selección fue escrupulosamente público, imparcial y transparente. Participaron 65 aspirantes y solamente 4 se ampararon.

Actuamos con responsabilidad ante la sociedad y cumplimos con toda seriedad la encomienda recibida el 8 de junio por el Congreso del Estado.

Nosotros presentamos al Juez Federal 8 grandes legajos de pruebas documentales. 21 actas de sesiones públicas con 216 escritos. 562 publicaciones electrónicas y 788 registros periodísticos. 4 testimonios notariales del cierre de las Convocatorias y de la Instalación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del SEA ante la presencia de la Gobernadora del Estado.

Acreditamos la legalidad plena y absoluta de un proceso abierto durante el cual los señores LOPEZ VILLA y ROSENDO ARRAYALES no impugnaron absolutamente nada, dando lugar a lo que la Ley de Amparo considera como actos consentidos, y por otra, con la instalación del CPC el 24 de octubre se traducen en actos consumados, mismos que en su conjunto constituyen causales de improcedencia del amparo.

Adicionalmente, el Juez también consideró que el procedimiento para la integración del Sistema Anticorrupción representa una obligación inexcusable del Congreso del Estado, cuya facultad es válido delegar en una Comisión como lo señala la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Constitución Local.

Es decir, la autonomía del Congreso y las funciones procesales desarrolladas por la Comisión para seleccionar y nombrar al CPC, son incuestionables, por tratarse de un acto de soberanía constitucional del Poder legislativo estatal.

Cumplimos en defender con firmeza nuestro trabajo y así continuaremos hasta la conclusión definitiva de los juicios de amparo ante las instancias federales.

Nuestra convicción es que al haber actuado con apego a los principios y lineamientos normativos de las leyes en la materia, tenemos la razón legal y la defenderemos puntualmente. No cederemos en defender la legalidad del proceso ni la integridad personal, ética y profesional de cada uno de nosotros.

Los efectos que produce la resolución del Juez Décimo Segundo es que se confirma la validez constitucional del proceso y el nombramiento de los 5 integrantes del CPC, cuyo fallo es susceptible de ser recurrido por los inconformes.

Sin embargo, ratificamos nuestra voluntad para someternos a la revisión judicial de las actuaciones y los acuerdos colegiados de la Comisión, y en su momento, acataremos la decisión final del Poder Judicial de la Federación. Tampoco estamos ajenos al veredicto de la sociedad sobre un proceso que consideramos inédito para la designación de una autoridad ciudadanizada en Sonora.

Respetamos también el derecho de acudir a la justicia y defensa jurídica de los aspirantes no designados para integrar el CPC que, como dichos amparistas, estimaron afectados sus derechos como ciudadanos o dirigentes de asociaciones civiles o grupos de intereses específicos.

Celebramos la judicialización del SEA

Contribuir a la construcción de nuevas instituciones ciudadanas no es tarea fácil. El disenso cuando es razonable, sustentado y la impugnación justificada, es aceptable como expresiones normales en una sociedad plural significada por aquellos ciudadanos que, por un elemental sentido de responsabilidad cívica, deben anteponer el interés público por encima del propio o el de sus grupos respectivos.

 

Lic. Marco Antonio Andrade Aguirre

Coordinador Ejecutivo