Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

 

 

Norberto y David, es la ley amigos

El embrión de las candidaturas independientes fue implantado el 2014 por la negativa del IFE a registrar a Jorge Castañeda como candidato a la presidencia de la república.

Aunque existen otros antecedentes de ciudadanos sin partido que no únicamente participaron como candidatos independientes a alcaldes o gobernadores, sino que lograron ganar una elección, como Manuel Guillen Monzón quien el 2001 gano abrumadoramente la gubernatura de Michoacán, aunque su triunfo no fue reconocido.

La principal aportación jurídico-política del llamado Caso Castañeda fue que obligo a modificar el criterio tradicional de como se interpretaba por las autoridades electorales y por la propia Suprema Corte de Justica de la Nación el derecho a votar y ser votado previsto por la constitución y contemplado como un derecho humano por diversos tratados internacionales.

Es decir, el mérito de haber motivado a la SCJN a ejercer la facultad de atracción por el rechazo al registro de su candidatura y recurrir después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo como consecuencia que en la reforma política del 2014 se reconociera a plenitud, como una nueva garantía del ciudadano, el derecho a participar como candidato independiente a gobernador, senador, diputado federal, diputado local, alcalde, sindico y regidor, incluyendo a presidente de la república.

No obstante, es poco conocido que Sonora fue el primer estado que el 2005, a iniciativa del entonces gobernador Eduardo Bours, aprobó las candidaturas independientes, mismas que antes de su aplicación fueron derogadas el 2008 por el Congreso del Estado en la antesala del proceso electoral del 2009 cuando el PRI perdió por primera vez la gubernatura. Falto visión en el tema y, sobre todo, previsión política, como también le ocurrió a Ricardo como alcalde de Cajeme. Ambos carnales entregaron el gobierno a un partido contrario al suyo.

En ese contexto, el primer parto con acta de nacimiento oficial reconocida ocurrió el 2013 cuando Raúl de Luna Tovar gano una alcaldía en Zacatecas, convirtiéndose así en el primer presidente municipal electo como candidato independiente en nuestro país.

Posteriormente el 2015 Jaime Rodríguez Calderón fue el primer gobernador de méxico en ganar como candidato independiente el estado de Nuevo León. Manuel Clouthier (hijo) fue el primero en ganar una diputación federal, mientras que Pedro Kumamoto fue el primer mexicano en obtener como candidato independiente una diputación local en Jalisco. El embrión germino, sin duda, aunque a El Bronco no le alcanza para su propósito actual.

Norberto Barraza y David Figueroa

Haciendo un comparativo entre la legislación electoral nacional y la local, se advierte que al armonizar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado (LIPESON) a la legislación nacional (LGIPE) el congreso se excedió en las bases y requisitos para obtener el registro de los candidatos independientes.

Consideramos que al aprobarse la LIPESON se omitió sujetarse a los lineamientos y requisitos tasados por la constitución para los candidatos independientes, cuyo resultado es que en el artículo 26, fracción II de la ley electoral local, se extralimitaron al disponer que cualquier candidatura independiente será otorgada exclusivamente a quien reúna “el mayor numero de manifestaciones” (sic) de apoyos validos, pasando por alto que, si bien es cierto el congreso tiene facultades plenas para legislar cuestiones electorales, dicha atribución no es absoluta, ya que esta no le permite incrementar, ampliar, modificar, flexibilizar o endurecer las bases constitucionales en una ley secundaria como es la LIPESON.

Sin desconocer que en el fondo de la inconformidad por el asunto de las cedulas para definir a quien reconocen como candidato independiente a la alcaldía de Hermosillo, subyacen algunas razones de inconstitucionalidad por violación a los principios de igualdad y equidad política en perjuicio de uno de los aspirantes, incluyendo la afectación a las reglas de proporcionalidad y razonabilidad normativa por el porcentaje del 3% requerido como mínimo obligatorio para obtener el registro, cuyas elementos configuran en su conjunto una franca violación a la legalidad y certeza de dicho proceso.

Lo que también debemos aceptar es que el IEEyPC aplico correctamente las disposiciones que rigen la recepción y validación de firmas, dado el amplio régimen de facultades discrecionales o implícitas otorgadas por la ley al Instituto, mismas que ante la ausencia de una ley reglamentaria, como también sucede con el tema de la reelección, deben suplirse con acuerdos internos de carácter administrativo.

Es importante precisar al respecto que para recibir el registro por parte del IEE, aparece la injustificada restricción impuesta por la legislatura estatal que, en nuestra opinión, contraviene los lineamientos constitucionales aplicables a los candidatos independientes, al exigirse un porcentaje mayor para ser presidente municipal que a los candidatos a la presidencia, lo mismo que para los senadores y diputados federales.

El contexto legal es que por un lado señalaron requisitos específicos, mismos que es lógico suponer que cualquiera que los cumpla es suficiente para ser reconocido como candidato independiente (como sucede con los 3 o 5 independientes a la presidencia), pero por otro, impusieron la absurda modalidad de que el registro será otorgado a uno solo (sic) y reconocido a quien obtenga más firmas que otros (sic) cuya regla no únicamente es contraria a nuestra carta magna, sino que incumple diversos tratados internacionales que protegen las garantías civiles y políticas de los ciudadanos como derechos humanos universales e irrenunciables.

Lo anterior significa que el congreso aprobó involuntariamente una elección fáctica entre los candidatos independientes antes de la elección constitucional.

Actualmente está suficientemente divulgado que los derechos electorales, al igual que el derecho integral a votar y ser votado, que pone en riesgo el registro de Norberto o David, son derechos políticos considerados como verdaderos derechos humanos.

En ese sentido, cualquiera de estos puede transitar por la ruta Castañeda iniciando un juicio de protección a sus derechos políticos-electorales, sin olvidar el recurso del amparo por violación a sus derechos humanos.

El citado artículo 26 de la LIPESON es inconstitucional al reglamentar un requisito políticamente excluyente, cuanto más desigual e inequitativo.

Indudablemente es un candado que limita la entrada de los ciudadanos a la participación electoral, y en los hechos representa de un gran cerrojo que obstaculiza la pluralidad, pero sobre todo, evita la ciudadanización de los cargos públicos y la democratización real del poder. Alguien tiene que encontrar la llave. No se perdió, la escondieron.

En conclusión, en Sonora los requisitos para obtener el registro como candidato independiente están diseñados para que no haya candidatos, o en su caso, para que participen los menos posibles, o simplemente, para que sea uno solo, nada más.

Se trata pues de una regla democrática a la mexicana.

Salud.