Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

 

Corrupción; cambiar el enfoque.

 

Desde su nacimiento el 2015 la construcción institucional del sistema nacional anticorrupción encontró tantos obstáculos y resistencias como los que ahora enfrenta la negociación del TLCAN. A pocos conviene o a nadie importa, aunque a todos nos afecta.
Sonora tiene el merito de haber sido el segundo estado en actualizar su marco normativo a los principios y lineamientos marcados por la carta magna y las diversas leyes secundarias en la materia, cuya asignatura pendiente es la revisión del capítulo de delitos cometidos por servidores públicos prevista por el código penal local. De los 12 delitos únicamente uno de ellos es grave hasta antes del 2017. Los demás son peccata minuta.
El combate a la corrupción no debe reducirse a una visión de responsabilidades administrativas, sino esencialmente penal. Sustraer recursos públicos para beneficio personal debe ser, por definición, un delito, y no un delito menor, sino un delito grave.
Nuestra convicción es que, sin desconocer la importancia que representa el diseño y la aplicación de nuevas y mejores políticas preventivas o disuasivas de hechos de corrupción, la prioridad es modificar el tradicional enfoque regulatorio y la arbitraria duplicidad de autoridades por nuevos órganos de integración colegiada, no unipersonales, para garantizar mejores resultados judiciales de naturaleza penal como sucedió en Brasil (Caso Odebrecht-Lava Jato), incluyendo España, Guatemala, Perú, Argentina, Paraguay y El Salvador, donde altos funcionarios y los últimos presidentes están siendo procesados por abuso de poder. Cambiaron la estrategia anticorrupción y se enfocaron en la impunidad.
En ese sentido, es necesario analizar y rediscutir, bajo una perspectiva de conveniencia social, las mejores medidas y sanciones penales aplicables que, en congruencia con la Ley de Extinción de Dominio creada el 2015 por la actual legislatura estatal, sin aplicación alguna a la fecha, al igual que la Ley de Participacion Ciudadana aprobada el 2011, puedan generar una cultura de mayor honradez y honestidad en el manejo de los recursos públicos, en cuyo epicentro es necesario el factor ciudadano como un contrapeso imprescindible.
El punto fino del tema es inculcar en el ADN del funcionario que por más pequeño o cuantioso que sea el beneficio indebido obtenido por su parte, tendrá consecuencias.
Esta filosofía de judicialización penal preferente de la corrupción podría convertirse, como propósito complementario del malquerido sistema nacional anticorrupción, en reivindicar la importancia que representan los organismos ciudadanizados como los CPC, al dotarlos de amplias facultades para promover acciones penales especificas en coordinación con las fiscalías y las autoridades judiciales especializadas en la materia.
Es decir, necesitamos explorar nuevos sistemas y mejores mecanismos contra la impunidad, antes que seguir teorizando en la mejor forma de disminuir la corrupción, considerada como un defecto natural o consubstancial del poder público, cuando en realidad se trata de un cáncer metastico que por su recurrencia empieza a verse con la misma indiferencia o indolencia social como empezó a expandirse la violencia y la delincuencia organizada en el país. Salud.