• El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, a nombre del Consejo General reitera la disposición al diálogo, a la respetuosa discusión de las ideas con todas las fuerzas políticas y, en particular, con quienes de manera clara han recibido el mandato de gobernarnos

 

CIUDAD DE MÉXICO, a 24 de julio de 2018.- El pasado primero de julio las y los mexicanos vivimos uno de los episodios más exitosos de nuestra historia democrática. La Jornada Electoral fue una auténtica fiesta cívica en la que las y los ciudadanos pudieron expresarse y votar en todo el país con plena libertad por la opción política de su preferencia.

Más de 56 millones y medio de mexicanos acudieron ese día a emitir su sufragio en libertad. Ello fue posible porque a lo largo del último año el INE ha venido construyendo las condiciones, con apego a los principios constitucionales, para que el día de la elección las y los ciudadanos pudieran ejercer su voto de manera autónoma. El mandato ciudadano expresado en las urnas ha sido claro y contundente; el INE no sólo lo respeta sino que, como garante de los derechos políticos de las y los mexicanos, va a defenderlo hasta sus últimas consecuencias.

Para el INE, el resultado de las votaciones es incuestionable y es precisamente la calidad de la elección y la transparencia con la que éstas se llevaron a cabo lo que dotará de plena legitimidad democrática a quienes ocuparán en breve, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones que se han presentado y califique las elecciones, los cargos de elección popular para los que han sido electos.

Es cierto que está pendiente la conclusión de las revisiones de los informes financieros de las campañas, mismos que prevemos conocer en la sesión del Consejo General del próximo 6 de agosto; pero más allá de ello, el resultado electoral es indubitable y ha merecido el reconocimiento de todos los contendientes y actores políticos.

Paralelamente a las elecciones, en sus funciones relacionadas con la rendición de cuentas, el Instituto Nacional Electoral, a través del Consejo General, resolvió la semana pasada varios procedimientos administrativos respecto de quejas, en materia de ingresos y gastos, presentadas por diversos partidos políticos.

Es en ese contexto en donde se circunscribe el caso del fideicomiso “Por los demás”, que implicó una sanción al partido político Morena, entre otros procedimientos que supusieron también multas al PRI y al PAN.

Respecto del caso del fideicomiso mencionado es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante. Es decir, no existe ningún elemento, derivado de este caso, que cuestione en modo alguno los resultados de la elección del 1º de julio pasado.

En el desahogo de este caso, como en todos los que ha conocido el INE, la actuación del Instituto se ha apegado a los principios de legalidad, imparcialidad y de independencia. El INE siempre se ha ajustado a las normas vigentes y su actuación, invariablemente, ha sido sin filias ni fobias; es decir, sin sesgos políticos.

En el caso del fideicomiso, el Instituto nunca jugó con los tiempos de la investigación para beneficiar electoralmente a Morena, como planteó en su momento el partido denunciante. Siempre señalamos que el caso se resolvería en los plazos que la misma investigación requería. El INE no aceleró ni retrasó las investigaciones. Del mismo modo rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte en el sentido de nuestra resolución.

La revisión por parte de cualquier interesado del expediente, una vez que el caso esté firme y sea público, podrá constatar la imparcialidad de las indagatorias, de las conclusiones y de sus tiempos. Hoy, por otra parte, la resolución del INE ya es pública y puede ser consultada.

No obstante, quien no esté de acuerdo con la decisión del INE venturosamente tiene el derecho de impugnar ante el Tribunal Electoral que, ante cualquier diferendo, es la última instancia en nuestro sistema electoral. De hecho, Morena impugnó el domingo pasado la resolución del Instituto. Celebramos que, ante las diferencias, se haya seguido el cauce institucional previsto. Para eso están esas vías en nuestro sistema democrático: para procesar conforme a derecho y ante las instancias legales las inconformidades. Es esa la arena, y no otra, en donde las mismas deben encauzarse.

En estos momentos el Instituto Nacional Electoral prepara el respectivo informe circunstanciado en el que se sostendrán los razonamientos y las conclusiones de la investigación que nos llevaron, a 10 de los 11 consejeros electorales, a considerar que estamos frente a un caso que no se ajusta a las normas de financiamiento. El Tribunal Electoral será quien tendrá la última palabra y seremos, como siempre, respetuosos de esa decisión.

El INE es un órgano constitucional autónomo, eso quiere decir que en ninguna de nuestras decisiones intervienen poderes externos, ni políticos, ni económicos, ni sociales. Siempre hemos sido celosos de nuestra autonomía y lo seguiremos siendo en el futuro. Todos los asuntos que conocemos y resolvemos, todas nuestras decisiones parten de esa misma premisa de autonomía en nuestra actuación.

Sin embargo, asumimos que somos parte del Estado mexicano y, como tal, entendemos que la comunicación respetuosa y fluida con otros órganos del Estado y particularmente los gobiernos, los actuales y los que han sido electos, es indispensable para que podamos enfrentar como sociedad los grandes problemas que aquejan a nuestra nación.

Desde el INE estamos convencidos que el pluralismo político de la sociedad mexicana es una de las principales bases de la riqueza de nuestra democracia y que la convivencia de ese pluralismo pasa por el respeto recíproco y por la existencia de canales de comunicación y de entendimiento; por una tendencia, con respeto a las diferencias, a maximizar, en consecuencia, los puntos de convergencia. De eso se trata al final la vida en democracia.

El INE reitera su disposición al diálogo dentro del marco legal, y a la respetuosa discusión de las ideas con todas las fuerzas políticas y, en particular, con quienes de manera clara han recibido el mandato de gobernarnos en los próximos años, con la convicción de que, más allá de las diferencias –insisto, naturales en las democracias-, es el trabajo conjunto y el amor a México el que nos permitirá salir adelante como nación democrática.