Hermosillo, Son. 9 de octubre de 2018.-La intervención del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Gobierno de la República asuma la seguridad pública en el Estado de Sonora, aprobó solicitar por mayoría el Congreso del Estado.

 

Bajo el considerando de que es urgente recuperar la gobernabilidad democrática, la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses, y en términos de los artículos 11, fracción I y 13 de la Ley de Seguridad Interior, los diputados de los partidos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, así como la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, votaron a favor del Acuerdo propuesto por el primero de éstos.

 

En un segundo punto, el Acuerdo establece que el Congreso del Estado resuelve solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evaluar si el Gobierno del Estado de Sonora cumple con las condiciones para salvaguardar las garantías de los sonorenses en materia de seguridad pública, reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

La diputada Ernestina Castro Valenzuela dio lectura a la iniciativa en la que enumeró una serie de hechos violentos ocurridos durante los últimos días en los municipios de Cajeme, Hermosillo y Guaymas, razón por la cual es necesaria la intervención del Gobierno Federal, consideró.

 

En su lectura destacó que a pesar de las tareas encomendadas a las dependencias encargadas de proveer seguridad pública a los ciudadanos sonorenses, ven que las acciones de prevención de delitos y conductas antisociales no disminuyen, sino que van en aumento, a grado tal que los propios cuerpos de seguridad han sido rebasados por la inseguridad, lo que resulta muy preocupante, sostuvo.

 

“Tan sólo basta citar algunos casos que se han vivido en el Estado y que han causado mucha conmoción entre la población. Todo ello es una clara evidencia de la falta de capacidad del Gobierno del Estado de Sonora para prevenir y atacar la violencia en esta entidad”, aseveró.

 

La legisladora recordó las recientes renuncias de los ex titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, renuncias que fueron inmediatas a los hechos violentos ocurridos en las demarcaciones territoriales antes referidas.

 

“Si bien es cierto que dichos funcionarios presentaron su renuncia aludiendo que la separación de sus cargos se debe a motivos personales, ello no hace más que agravar el problema de seguridad, pues la ausencia de titulares legitimados para ocupardichos puestos estratégicos, pone en evidencia la crisis política y social que se vive en el Estado”, expresó.

 

La presentación de este Acuerdo generó un debate que se prolongó por cerca de dos horas, en las que se dieron a conocer posturas a favor y en contra del mismo, como la del grupo parlamentario del PRI, que a través de los diputados Luis Armando Alcalá Alcaraz y Rosa Icela Martínez Espinoza hicieron un llamado a fortalecer la propuesta enviándola a comisión.

 

Además del hecho de que la titular del Poder Ejecutivo estatal ya solicitó la intervención de las fuerzas federales, coincidieron ambos legisladores, en tanto el diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero también llamó a reconsiderar el punto de Acuerdo, pues dijo, es incongruente que el grupo parlamentario de Morena pida aplicar en Sonora una Ley que tiene impugnada a nivel nacional, por considerarla violatoria de los derechos humanos.

 

En el mismo sentido de que se analizara a fondo la propuesta en comisión se pronunciaron otros legisladores, sin embargo fue aprobada por mayoría como la presentó el grupo parlamentario de Morena. En contra votaron los diputados del PRI, PAN, Nueva Alianza y la representación parlamentaria del Partido Verde.

 

En otro punto del orden del día, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano, a nombre del grupo parlamentario del PT, presentó una iniciativa con punto de Acuerdo para que se emita un exhorto a los ayuntamientos del Estado, con el objeto de que elaboren un plan de 60 días con la premura necesaria en materia de seguridad pública, en el cual fomenten la cultura de la paz y la legalidad.

 

“Hacemos un llamado a los ayuntamientos para que hagan una pausa, revisen lo que han hecho en seguridad pública, seleccionen y creen un plan de 60 días de paz, por el medio que más les favorezca, el deporte y la cultura, la eliminación de todas las formas de machismo, los valores, las relaciones con las diferentes iglesias, la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida pública, la fiesta y la diversión, que nos haga sentir unidos como sonorenses”, expresó.

 

Lizárraga Arellano agregó que implementar un plan de 60 días obedece a que Andrés Manuel López Obrador tomará protesta el 1 de diciembre y el rumbo de la seguridad pública cambiará, como lo han declarado quienes serán titulares en estos rubros, de que se atenderán las causas que generan la delincuencia en todos los sentidos y no sólo las consecuencias.

 

Otro Acuerdo aprobado por la asamblea es el que resuelve exhortar al titular de la Dirección General de Transporte del Estado, a efecto de convocar a una reunión para crear un grupo multidisciplinario con la intervención de instituciones de educación superior, organismos empresariales, sindicados, organizaciones civiles, representantes del Poder Legislativo y sociedad en general.

 

El diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz expuso que se buscará llegar a acuerdos para la solución de fondo de la problemática de transporte público que afecta a todo el Estado, por lo cual se manifestó a favor de otorgar un apoyo solidario a sus representados, para que se conforme dicho grupo multidisciplinario.

 

“Para que se lleve a cabo el diálogo necesario, con el objeto de que de ahí surjan las medidas que regulen en definitiva el problema del autotransporte, y lograr con ello que el Estado de Sonora cuente con un transporte público más digno y acorde a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó.

 

También se aprobó el Acuerdo con cinco puntos para exhortar al titular del Ejecutivo Federal a que obligue a Grupo México, causante de la peor tragedia ambiental en Sonora, a remediar y reparar en forma cabal los daños ocasionados por el derrame de residuos venenosos al Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, expuso el diputado Carlos Navarrete Aguirre.

 

A los titulares de las secretarías de Salud del Gobierno Federal y de Salud del Estado de Sonora, para que a la brevedad posible realicen los estudios pertinentes a los habitantes de Cananea, Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, a fin de detectar los daños ocasionados a la salud.

 

Al Ejecutivo Federal, así como a Grupo México, a través de sus filiales Buenavista del Cobre S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V., a efecto de que realicen las acciones necesarias para que se revoque la extinción del Fideicomiso Río Sonora, y a la titular del Ejecutivo estatal, para materializar los beneficios que la Ley que crea la Zona Económica Especial Río Sonora ofrece a los pobladores de la región.

 

En el quinto punto se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, con la finalidad de que la brevedad realice los estudios pertinentes para detectar los niveles de contaminación que existen en los causes de agua que hay en la región, y haga del conocimiento del Poder Legislativo los resultados que arrojen dichos estudios.

 

El diputado Fermín Trujillo Fuentes se sumó al Acuerdo. Dijo que se tiene que exigir que mientras exista la actividad minera y se den los permisos para ésta, se garantice en esos lugares no sólo la generación de empleos para que el Estado pueda ir caminando correctamente, sino que en esas zonas se mantenga el equilibrio de la población en su salud, su economía y en su desarrollo social.

 

Con el objeto de coadyuvar en la elaboración de una propuesta legislativa para la implementación de un nuevo sistema de mejora regulatoria, la diputada Nitzia Corina Gradias Ahumada presentó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante la cual exhorta al Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Economía y la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora, COMERS, los ayuntamientos, los organismos y cámaras empresariales, con el objeto de instalar una comisión mixta representativa.

 

Recordó que si bien el pasado 13 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado una modificación a la Constitución local en materia de mejora regulatoria, aún falta adecuar el marco legal para hacer realidad esa simplificación en materia de trámites y regulaciones, lo cual no es algo sencillo en una entidad por tradición burocrática, sostuvo.

 

“Sin embargo es un reclamo social que no puede postergarse más. No se trata de perder el control del Estado en la realización de actos de gobierno, se trata más bien de aprovechar las herramientas tecnológicas para que los trámites sean más fáciles y accesibles para los sonorenses.

 

“En ese sentido, convocamos a una mesa donde estemos representados todos, gobierno y sociedad, para juntos elaborar un proyecto de nueva legislación en materia de mejora regulatoria que beneficie a todos por igual: al gobierno para ser más eficientey al ciudadano para ahorrarse tiempo y esfuerzo”, externó.

 

Otro Acuerdo aprobado es el que resuelve exhortar a la Dirección General de Transporte del Estado de Sonora y al Ayuntamiento de Nogales, Sonora, a que realicen las acciones necesarias con el objeto de retirar del servicio de transporte de alquiler, conocido como taxi, a los vehículos que trabajan sin la autorización correspondiente otorgada por la autoridad competente.

 

A nombre del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, la diputada Leticia Calderón Fuentes informó que lo que buscan es que se regularice la situación y coadyuvar en medidas de control para mejorar la seguridad en el municipio de Nogales, razón por la cual solicitan a la Dirección General de Transporte información diversa sobre el particular, ya que en 2015 llevó a cabo la regularización del servicio y por lo tanto no hay necesidad de otorgar nuevas autorizaciones.

 

Y para que culmine la construcción de la carretera costera en sus últimos tramos correspondiente a la comunidad de Bachoco y hasta Agiabampo 2, en los límites de Sonora y Sinaloa, así como los tramos faltantes e inconclusos en otras regiones del Estado, el diputado Filemón Ortega Quintos presentó una iniciativa con punto de Acuerdo que resuelve exhortar a los titulares del Ejecutivo Federal y del Ejecutivo estatal.

 

Explicó que los ejidos antes mencionados con cuentan con ningún tipo de acceso pavimentado y viven en completo aislamiento, a pesar de estar ubicados cerca de la carretera internacional México-Nogales, por lo cual presentó el exhorto para que se retome la obra de la cual ya existe parte de la infraestructura y puentes completos que son parte del proyecto original.

 

“Por ello es necesario dar continuidad a dicha obra para facilitar el tránsito en general, lo que representaría un desarrollo integral, fomentando además la inversión nacional e internacional con los municipios que conectan con ella”, aseveró.

 

El diputado Carlos Navarrete Aguirre presentó otra iniciativa con punto de Acuerdo para exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que homologuen la aplicación de la tarifa de energía eléctrica 1F en todo el Estado, para que los costos reflejen las temperaturas reales de la entidad, las condiciones socioeconómicas y se contribuya al desarrollo regional.

 

También a las cámaras de Diputados y de Senadores, para que en el ejercicio de la construcción del presupuesto federal, edifiquen la normatividad pertinente que facilite la homologación de la referida tarifa en el Estado de Sonora.

 

Al titular de la Comisión Federal de Electricidad se le solicita que a la brevedad presente una solución a los usuarios que registraron altos costos en sus recibos y que están imposibilitados de pagar, por no concordar el consumo con los aparatos eléctricos con que cuentan, y a la titular del Ejecutivo para que gestione que la tarifa 1F se aplique en todos los municipios sonorenses.

 

En esta sesión ordinaria se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Presuntos Municipales con proyecto de Decreto que aprueba las propuestas de planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción, presentadas por diversos ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal de 2019.

 

Dichos planos servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en los municipios, tanto de predios urbanos como rurales y construcciones que se encuentren ubicadas dentro del territorio de las municipalidades, conforme las disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal y las respectivas leyes de ingresos.

 

De los 72 municipios, sólo Empalme, Huatabampo, La Colorada, Divisaderos, Guaymas, Nogales, Quiriego y Soyopa aplicarán el próximo año los planos y tablas de valores aprobadas para el ejercicio fiscal de 2018, en términos de lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora.

 

También se aprobó el Acuerdo presentado por los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, mediante el cual se integran las comisiones de Seguridad Pública y de Transporte y Movilidad.

 

El diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero dio lectura al Acuerdo que destaca que, debido a la propia naturaleza de la pluralidad política representada en el Poder Legislativo, resulta indispensable profundizar en el diálogo y análisis de consensoparlamentario que permitan enriquecer jurídica y políticamente las nuevas leyes, decretos y acuerdos a emitirse en su oportunidad.

 

Además de que la integración de ambas comisiones reflejan puntualmente el principio de pluralidad y proporcionalidad en cuanto a la asignación de presidencias, conforme al Artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el principio de equidad de género.

 

La Comisión de Seguridad Pública quedó integrada por los diputados Luis Armando Colosio Muñoz, presidente; Gricelda Lorena Soto Almada, Yumiko Yerania Palomarez Herrera, Luis Mario Rivera Aguilar, Luis Armando Alcalá Alcaraz, María Dolores del Río Sánchez y María Magdalena Uribe Peña, secretarios.

 

La Comisión de Transporte y Movilidad quedó integrada por los diputados Leticia Calderón Fuentes, presidenta; Miguel Ángel Chaira Ortiz, Yumiko Yerania Palomarez Herrera, Rodolfo Lizárraga Arellano, Miroslava Luján López, Luis Mario Rivera Aguilar y Rosa Icela Martínez Espinoza, secretarios.

 

En otro punto del orden del día, la diputada Diana Platt Salazar presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, con el fin de que exista una división de criterios aplicables para el otorgamiento de becas en escuelas públicas y en escuelas particulares, de manera que a éstas se les otorgue un porcentaje de 25 por ciento que tenga por objeto reconocer y premiar a alumnos sobresalientes, como un estímulo real al esfuerzo académico.

 

La iniciativa se reservó para cuando se integren el resto de las comisiones. La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 11 de octubre, a las 11:00 horas.