Sistemas Anticorrupción, se quedan (III-final)


Marco Antonio Andrade Aguirre.

Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

 

 

Sistemas Anticorrupción, se quedan (III-final)

El tema emblemático del Presidente López Obrador es, junto al compromiso de abatir la inseguridad, reducir la pobreza, la desigualdad y el enorme desafío de enderezar el destino del país, suprimir la corrupción y la impunidad en el ámbito público.

Es lógico suponer que para ello necesita el mayor esfuerzo de sus capacidades. Sera su voluntad politica y la inteligencia estratégica el vértice principal de sus decisiones, sin cuyos atributos sera difícil arribar a buen puerto, o en el mejor de los casos, la travesía sera tan larga y accidentada que estaremos navegando en la indefinición de las cosas o en la confusión de la incertidumbre como hasta ahora sucede con sus primeras decisiones del sexenio.

A menos de dos meses de gobierno es imposible saber la dimensión real de dichas cualidades.

Sin embargo, el torbellino de los primeros cincuenta días revela un preocupante margen de improvisación en asuntos relevantes, y sobre todo, ha puesto en evidencia las limitaciones o deficiencias de algunos de sus principales colaboradores, como el Director de Pemex, la Secretaria de Energía y Economía, que aunado a los acuerdos nupciales con el PRI, permiten cuestionar la veracidad de una nueva forma de gobernar o de cumplir la palabra empeñada de hacer politica y políticas diferentes.

La aprobación de la Guardia Militar, no Civil, la designación de un nuevo Ministro de la Corte, la del Fiscal General, la tragedia de Tlahuelilpan, como también fue inicialmente la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el permiso ominoso a Manuel Velazco y el Tren Maya, son reveladoras.

Por otra parte, y no obstante el multi-anunciado combate a la corrupción, como razón y objetivo de gobierno para lograr la transformación del país, no tiene a la fecha una directriz institucional clara que nos permita conocer las medidas correctivas, disuasivas o las acciones preventivas para erradicar, desde la perspectiva del gobierno federal, tan grave problemática.

Nuestra convicción es que dicha responsabilidad es imposible cumplirla exitosamente sin la participación propositiva del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales Anticorrupción, a quienes les urge un respaldo presupuestal suficiente y la dotación de infraestructura básica para estimular su operatividad y garantizar su funcionamiento.

La finalidad de eliminar la corrupción nos parece un compromiso irrenunciable del Presidente López Obrador que, como en el caso de Pemex, tiene la voluntad de cumplir, sin duda, pero carece de estrategia para hacerlo. Además que, al parecer, nadie le ayuda.

Creo que debe concientizarse que enfrentar la corrupción requiere, al igual que encarar la delincuencia, el narcotrafico y la inseguridad, nuevas y mejores políticas públicas que conciten la participación activa de ciudadanos independientes, de la academia y de la sociedad, sin cuya premisa es muy difícil obtener resultados satisfactorios. Dejar el combate unilateral de la corrupción en manos de funcionarios o instancias dependientes de los propios gobernantes, como la fallida Secretaria de la Función Pública o las ineficientes Contralorías Estatales, seria continuar dando vueltas en el mismo círculo vicioso del binomio corrupción-impunidad. Es pertinente reconocer que el país no aguanta, ni la sociedad tolera más.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1.- Institucionalizar el combate a la corrupción fortaleciendo la permanencia del actual Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales mediante una nueva reestructuración orgánica donde concurran representantes ciudadanos, académicos y organismos de la sociedad civil.

2.- Delegar la responsabilidad del Estado en un órgano autónomo, ciudadano y profesionalizado, como el SNA, para elaborar la Política Nacional Anticorrupción de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno, autoridades fiscalizadoras, servidores públicos y particulares participantes en la administración, aprobación y ejercicio del gasto público.

3.- Ampliar el marco de facultades del SNA para coadyuvar durante el 2019 con el Fiscal Anticorrupción, la Auditoria Superior de la Federación, los Institutos de Auditoria y Fiscalización Locales, las Contralorías Estatales y los Órganos Municipales, tratándose de procesos de responsabilidad administrativa, investigación penal o vinculación a proceso por delitos de servidores públicos o por violación de normas de control presupuestal, financiero y políticas anticorrupción incumplidas en perjuicio del erario o la sociedad.

4.- Modificar la estructura actual del SNA suprimiendo el Comité Coordinador y el conjunto de Autoridades que lo integran para crear, en su lugar, el Consejo General del Sistema como un Órgano Colegiado integrado por seis nuevos representantes y los cinco miembros del CPC, designados por convocatoria pública y seleccionados por una Comisión Especial conformada por Rectores de Universidades, Colegios de Profesionistas, Cámaras y Organismos empresariales.

5.-Derogar la atribución exclusiva de la Cámara de Diputados y de los Congresos Estatales para nombrar a los cinco integrantes de la Comisión Seleccionadora de los Comités de Participacion Ciudadana del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales Anticorrupción (CPC).

6.- Abrogar para el 2020 la existencia de la Secretaria de la Función Pública, las Contralorías Estatales y los Órganos de Control y Evaluación Gubernamental de los Municipios para que sean las Salas Especializadas Anticorrupción de los Tribunales de Justicia Administrativa quienes instruyan exclusivamente los procesos y determinen las sanciones aplicables por actos de corrupción de servidores públicos federales, estatales y municipales.

Adicionalmente, para obtener resultados inmediatos en la recuperación de bienes y recursos sustraídos ilícitamente del erario, incluyendo la reparación de los daños ocasionados por delitos de corrupción, es necesario reformar una de las aristas de mayor cuestionamiento a la ineficacia del nuevo sistema de justicia penal, no para incrementar sanciones, sino para facilitar que el Estado recupere y el acusado restituya lo indebido. Propongo:

7.- Instituir el Derecho de Devolución Preferente del Imputado para resarcir voluntariamente los recursos o bienes sustraídos o los beneficios obtenidos indebida o fraudulentamente del erario a partir de la aceptación o confesión expresa de un delito o de una responsabilidad politica, penal o administrativa a cambio de un Juicio Abreviado y reducción de la pena privativa de libertad procedente, según la cuantía o naturaleza del acto delictuoso o hecho imputado.

Finalmente, es necesario dotar el Estado de un nuevo instrumento que privilegie las responsabilidades y las sanciones penales por encima de las administrativas para crear nuevos tipos penales que, junto a los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa  (“delitos graves”) a que se refiere el Código Penal Federal y el catalogo de delitos señalados por el artículo 167 del Código Procesal Nacional, se proceda a:

8.- Expedir la Ley de Delitos de Corrupción contra la Economía Nacional y el Patrimonio del Estado, derogando de los códigos penales en todo el país los delitos financieros vigentes cometidos por servidores públicos, cuya nueva legislación sería aplicable a funcionarios, particulares, personas físicas empresariales y personas morales nacionales y extranjeras, indistintamente.

En conclusión, el Sistema Nacional Anticorrupción debe conservarse para que pueda madurar y consolidarse como un órgano autónomo del Estado que de manera independiente, y con criterios ciudadanos, sea quien fije, supervise y evalué la politica nacional anticorrupción en todo el país.

No olvidemos que el SNA es además, un fino bisturí que sabiéndolo usar pude extirpar la metástasis tumoral de la corrupción y la impunidad en nuestro país. Es necesario aplicarlo por la salud financiera del Estado, la estabilidad social y la credibilidad politica del gobierno actual.

Salud.

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