EL MENTIDERO
Cornelio Montaño C.
Diciembre 15 de 2020
+ Ausencia de estado de derecho en Sonora
En Sonora está ocurriendo algo sumamente grave, indicativo de una absoluta ausencia de estado de derecho, donde nadie se atreve a actuar.
Me refiero al retén y bloqueo que llevan a cabo elementos de la tribu Yaqui en la carretera federal México 15, a la altura del pueblo de Vícam, en contra de miles de automovilistas que tienen que circular de norte a sur y de sur a norte por esa rúa.
Simplemente no pueden pasar dicho retén, ni automovilistas ni camioneros, si no pagan la cantidad que los yaquis les exigen que cubran.
A punta de pistola, con machetes, garrotes, pedradas o inhabilitando las unidades para que no se puedan mover, los integrantes de la tribu Yaqui obligan a los viajeros a pagar.
El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado se tiran la bolita, ninguno se decide a aplicar la ley y a ambos les corresponde hacerlo, porque en estos hechos se tipifican tanto delitos del fuero federal como del fuero común.
Sin ser abogado, uno identifica diversos posibles delitos que cometen los yaquis que mantienen ese tipo de retenes, como sería el delito de asalto al despojar de dinero a los viajeros en contra de su voluntad.
Cometen también el delito de extorsión que se considera de alto impacto en el país, porque en este caso específico los yaquis obligan automovilistas y camioneros, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar el pago de una cantidad de dinero por seguir su camino.
Ya han circulado profusamente en redes sociales videos tomados por otros viajeros, donde algunos integrantes de la tribu yaqui aparecen con armas de fuego, machetes y palos amedrentando a los conductores para que paguen, y otros videos donde han causado daños a cristales, luces y carrocería a camiones de transporte y automóviles por no pagar la cuota.
Aquí también se configuran delitos como obstaculizar libre tránsito, impedir funcionamiento normal de una vía federal de comunicación, daños a propiedad privada y portación de armas prohibidas.
Inclusive se puede configurar el delito de asociación delictuosa o delincuencia organizada, considerando que portan armas y porque obviamente se presume que están organizados para delinquir y por la reiteración, la repetición constante de esa conducta delictiva.
Están perfectamente organizados, se distribuyen los horarios y tareas para llevarlas a cabo y obligar a los viajeros a pagar por transitar por una rúa federal.
Alguien dice y decide quien hará el cobro, qué posiciones tomarán para obligar a que se pare un vehículo, con qué armas o artefactos los van a parar, quién recibe la cuota, a quién le entregan lo recaudado y quienes deciden el destino final del dinero que obtienen de estos hechos que podrían configurarse como asaltos y extorsiones.
Queda claro, está de sobra demostrada la cadena de hechos delictivos que ameritan la intervención de los gobiernos federal y estatal para acabar con esta situación.
Sin embargo, ni uno ni otro hace lo necesario para terminar esto y mientras tanto el ejemplo de Vícam cunde en Sonora y ahora es en Puerto Libertad, perteneciente al municipio de Pitiquito, donde la población ha instalado un retén para pedir cooperación de los automovilistas.
Sin embargo, hay que decirlo y precisarlo, aunque sean retenes ambos, hay una enorme diferencia entre ellos.
Mientras en Vícam los yaquis usan la violencia y amenazas para obligar a los viajeros a pagar cuota por transitar, en Puerto Libertad los pobladores piden cuota voluntaria para poder reparar la misma carretera y solventar necesidades básicas de servicios públicos que ni el Gobierno del Estado ni el municipio les ha proporcionado, y al menos hasta hoy no se sabe que hayan amenazado a alguien o le hayan impedido seguir su camino.
Como sea, el origen de ambos problemas está en la inacción de los gobiernos en turno, y hasta gobiernos anteriores, lo mismo del nivel municipal que estatal y federal. Hay atrás una larga cadena de incumplimientos oficiales para con la población.
En el caso de Vícam, lo del retén de los yaquis no se va a resolver pronto, no tienen voluntad de ceder porque encontraron una mina de oro que no están dispuestos a soltar.
Y ante la cercanía de las campañas electorales, ni el Estado ni la Federación se atreven a aplicar la ley, porque ante la negativa de la tribu de retirar el retén de manera pacífica, implica entrar con la fuerza pública a liberar la carretera y arrestar a todo el que oponga resistencia.
Esto tendría costos electorales que ni el Gobierno Federal morenista, ni el Gobierno del Estado priista, quieren asumir. Esto se llama ausencia del estado de derecho. Así de claro.
Hasta la próxima, cuídense y sean felices.
Contacto: corneliomontano@hotmail.com
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